En la mira de varios juristas está la creación de la Unidad de Coordinación Legal, que operará bajo el paraguas del Ministerio de Gobierno (Mingob), que supone un cambio estructural en la manera en que el Estado ejerce su poder legal ante los tribunales.
Al centralizar funciones que antes correspondían a cada ministerio, la nueva unidad concentra autoridad, despierta críticas sobre un posible aumento de la burocracia y plantea un debate sobre la independencia institucional y la eficacia de los procesos penales.
Hasta ahora, cada ministerio y entidad pública decidía de manera independiente cuándo presentar una querella o cómo proceder ante delitos que afectaran su gestión o patrimonio. Con la nueva unidad, esas acciones penales se centralizan en el Mingob, que tendrá la facultad de asesorar, revisar y tramitar los casos en los que se considere necesario iniciar un proceso penal, convirtiéndose en el principal coordinador de la acción penal del Estado.
La nueva entidad de control fue avalada por el presidente José Raúl Mulino y la ministra Dinoska Montalvo. El Decreto Ejecutivo 31 del 13 de octubre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial 30385-A, establece además que el Ministerio de Gobierno asignará abogados penalistas y que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) garantizará el presupuesto necesario para el funcionamiento de la nueva oficina.
Según el artículo 2 del Decreto Ejecutivo 31, la unidad tendrá funciones específicas que van desde la asesoría jurídica a las instituciones hasta la elaboración y presentación de querellas.
Este acto administrativo tiene tinte de inconstitucional, toda vez que someten a entes públicos en rango constitucional. Hay independencia de poderes, desde el punto constitucional. A la Asamblea Nacional el ejecutivo no le puede dar órdenes ni al OJ, UP, etcétera. Que horror. pic.twitter.com/q0T6kf3dxy
— ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) October 14, 2025
Además, los servidores públicos deberán informar a la nueva unidad sobre todos los procesos penales en los que el Estado requiera representación.
‘Procuraduría paralela’
El exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Edgardo Molino Mola, cuestionó la reciente decisión de crear esta oficina. Según el jurista, esta medida “duplica funciones que ya corresponden al Ministerio Público” y solo “incrementa la burocracia estatal en momentos de crisis fiscal”.
“Los delitos que se cometen en el país, eso es función del fiscal”, advirtió Molino Mola al referirse a las atribuciones constitucionales del procurador general de la Nación, cargo que actualmente ejerce Luis Carlos Gómez Rudy.
En su opinión, la nueva unidad invade competencias establecidas por la ley. “Por supuesto, eso lo establece la Constitución y la ley. La función del procurador es perseguir los delitos”, insistió.
El exmagistrado considera innecesario crear una nueva estructura administrativa para presentar querellas a nombre del Estado, cuando cada ministerio cuenta con su propio equipo legal.
“Para eso no hay que crear una nueva burocracia”, expresó.
Molino Mola fue más allá al advertir que la iniciativa podría dar pie a lo que él denomina “una procuraduría paralela”.
“Esa es la función del procurador. Entonces, es una oficina, una procuraduría paralela”, afirmó.
De hecho, recordó que, en el pasado, el propio oficialismo, representado ahora en Realizando Metas (RM) —partido que llevó a Mulino a la Presidencia de la República—, criticó al expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) por una supuesta estructura similar. “Ellos fueron los primeros que criticaron a Varela diciendo que tenía una procuraduría paralela”, subrayó.
El propio Mulino se refirió a la “procuraduría paralela” que supuestamente operaba en la Presidencia de la República, durante el gobierno de Varela, cuando dio a conocer los nombramientos de Gómez Rudy Grettel Villalaz como procuradores de la Nación y de la Administración, el 4 de octubre de 2024.
Aquella vez, en un tono molesto e irritado, aseguró: “No voy a nombrar a un enemigo mío en la Procuraduría; es absurdo. Son personas que no pertenecieron, sobre todo el procurador de la Nación, ni a la taquilla ni fueron parte de la procuraduría paralela”.
La elección de Gómez Rudy fue muy cuestionada, dado que había sido abogado defensor de Mulino en los casos relacionados a Finmeccanica. Además, hasta su designación como procurador, fungió como “asesor 1″ en el Ministerio de la Presidencia, con un salario de $6,550 al mes.
Ese día, Mulino también mencionó a Varela, señalando que el expresidente “nombró a su abogado para montar una procuraduría paralela y destruir vidas y honras, con el aplauso de muchos medios y de un periódico que se nutría de ella, hasta que los ‘Varelaleaks’ descubrieron que eran cómplices de esa procuraduría paralela, dirigida por el abogado de Varela, hoy difunto”.
Mulino se estaría refiriendo a Rogelio Saltarín, quien falleció en diciembre de 2018, un jurista que asesoró al Ministerio de la Presidencia en el gobierno de Varela y que antes fue abogado en las empresas familiares del expresidente.
Persecución política
El abogado y exfiscal electoral Boris Barrios opinó sobre la creación de la unidad coordinadora y planteó que la figura de la querella pública permite a las instituciones “interponer las querellas, asistir a las audiencias y poder pedir los reclamos de indemnización por perjuicios al patrimonio del Estado”, pero señaló que “las instituciones públicas, en efecto, no lo están haciendo”, dejando un vacío que el Estado debería cubrir.
Sin embargo, alertó sobre los riesgos políticos que puede generar esta unidad.
“Le tengo mucho pánico cuando se crea una de estas entidades para perseguir delitos del brazo del Ejecutivo, porque se suelen convertir en un brazo para perseguir a los adversarios y enemigos políticos del gobierno de turno”, dijo.
El exfiscal resumió su preocupación sobre la naturaleza política de la nueva unidad.
“Definitivamente que sí podrían prestarse estos instrumentos para persecución política”, advirtió.
“Somos un país que vive la persecución política en diversas escalas, y me preocupo mucho cuando se crean estas entidades”, agregó, haciendo un llamado al Ejecutivo a equilibrar la defensa del patrimonio estatal con la independencia institucional y la legalidad de las acciones penales.
Mientras que la exprocuradora Ana Matilde Gómez, al igual que Barrios, coincidió en que instituciones que deben convertirse en querellantes no están ejerciendo ese rol.
“Habría que preguntarse por qué no lo cumplen”, señaló Gómez, quien enfatizó que la ausencia de especialistas en derecho penal en las instituciones limita la capacidad de estas para presentar querellas y colaborar efectivamente con el Ministerio Público.
Para la exprocuradora, la nueva oficina de coordinación representa una oportunidad, siempre que cumpla su función sin discrecionalidad política ni burocrática.
“Una gran ventaja es que lo están haciendo adscrito al Ministerio de Gobierno, no a la Presidencia. Por lo tanto, no debería tener esa discrecionalidad política y que está siendo transparente su creación”, afirmó.
Advirtió, sin embargo, que el riesgo de que la unidad se convierta en una oficina meramente administrativa podría entorpecer los procesos y aumentar los costos al Estado.
La exmagistrada Esmeralda de Troitiño cerró la discusión con la siguiente afirmación: “Esta acción refleja un desconocimiento del Estado de Derecho y de la responsabilidad que implica cumplir con todo el ordenamiento jurídico”.
