El caso de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi), donde varios directivos y docentes han sido señalados por tener en la planilla a familiares con salarios elevados, ha desatado un intenso debate sobre la gestión de las universidades públicas en Panamá.
Críticos aseguran que estos hechos reflejan una preocupante opacidad disfrazada de autonomía universitaria, lo que ha generado cuestionamientos sobre si estas instituciones están operando con la transparencia que exige su naturaleza pública.
Uno de los últimos en pronunciarse fue el diputado de la coalición Vamos, Jhonathan Vega, quien acusó a la directora de Recursos Humanos de la Unachi, Iris Candanedo, de tener a varios familiares en la planilla de la institución.
No obstante, Vega subrayó que el tema va más allá y, junto a otros diputados, presentó dos propuestas: el anteproyecto de ley 140, que propone establecer un marco regulador para las universidades oficiales del país, y el anteproyecto de ley 141, que busca modificar la Ley 4 de 2006, reorganizando la Unachi.
En Panamá hay seis universidades públicas que manejan millonarios presupuestos anuales. Además de la Unachi, están la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), la Universidad Especializada de las Américas, la Universidad Marítima de Panamá y la recién creada Universidad de los Pueblos Indígenas.
Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), estas seis casas de estudio recibieron un total de $820 millones para gastos de funcionamiento e inversión durante 2024. Las tres que más recursos obtuvieron fueron la Universidad de Panamá, con $387.8 millones; la UTP, con $234.3 millones; y la Unachi, con $108.1 millones.
Las propuestas
Frente a este escenario, los diputados consideran que se debe reevaluar lo que está ocurriendo en estas universidades y cómo se están manejando esos recursos. Por ejemplo, el anteproyecto 140 busca garantizar la transparencia, la ética y la rendición de cuentas en la gestión de estas instituciones.
La iniciativa surge como respuesta a la preocupación por prácticas como el nepotismo, la corrupción y los conflictos de interés, que, según sus proponentes, afectan la calidad y confiabilidad del sistema universitario público.
Uno de los puntos principales de la propuesta es el equilibrio entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas. Aunque las universidades públicas en Panamá gozan de autonomía en sus decisiones académicas y administrativas, el anteproyecto destaca la importancia de que esta libertad no se traduzca en opacidad o falta de supervisión. Se busca, mediante este marco normativo, implementar mecanismos que aseguren la eficiencia y transparencia en la toma de decisiones, especialmente en la gestión de recursos públicos.
El anteproyecto de ley establece normas claras para evitar el nepotismo, asegurando que las posiciones dentro de las instituciones se asignen en función de méritos y competencias, y no por lazos familiares o intereses personales. Además, el proyecto de ley también contempla la creación de órganos de supervisión independientes para garantizar la correcta gestión de las universidades.
Estos órganos tendrán la tarea de fiscalizar el uso de los recursos públicos y velar por el cumplimiento de las normativas éticas dentro de las instituciones. Se espera que la Contraloría General de la República juegue un papel crucial en la auditoría de los presupuestos y proyectos.
También propone la adopción de un Código de Ética universitario, aplicable a todas las universidades oficiales del país. Este código establecería principios de comportamiento que incluyan prohibiciones sobre el nepotismo, el uso indebido de recursos y cualquier forma de corrupción académica.
Unachi, en la mira
En el caso del anteproyecto 141, que reorganiza la Unachi, uno de los puntos centrales del anteproyecto es la eliminación de la posibilidad de reelección de los rectores de esta casa de estudios superiores, al limitar el mandato a un solo periodo de cinco años.
Otra de las reformas clave planteadas en la ley es la eliminación de las primas y bonos de antigüedad para el personal administrativo y docente de la Unachi. Según el texto, estos beneficios no necesariamente reflejan el desempeño o la productividad de los empleados, sino que se otorgan simplemente por el tiempo de servicio. A su vez, se busca asegurar que las promociones y compensaciones estén basadas en el desempeño y las competencias, y no en la antigüedad o las conexiones personales.
Esta semana, el diputado Vega denunció que, además de su hijo, la directora de Recursos Humanos de la Unachi tiene en la planilla a su esposo, su hermana y otros familiares directos. La lista incluye a su cuñado, Felipe Morales, quien recibe un salario de $1,439.38; Lidemia Ortiz, asistente ejecutiva y cuñada, con un salario de $1,869.64; y Elka Osiris Ortiz Serrano, asistente técnica e hijastra, que gana $1,044.85.
“¿Cómo es posible que una sola persona tenga a tantos familiares en nómina?”, cuestionó Vega, quien también mencionó a Lizadia Zamudio, prima de la directora, como asistente ejecutiva, con un salario de $1,823.
