El contralor Anel Flores canceló la reunión convocada con los diputados de la bancada independiente Vamos, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, y los jefes de las demás bancadas legislativas.
El encuentro, estaba pactado para las 11:00 a.m. en las sede de la Contraloría en avenida Balboa. Debía celebrarse en uno de los momentos de mayor tensión entre la Contraloría General de la República (CGR) y la coalición legislativa, que denuncia la retención arbitraria de salarios de decenas de sus colaboradores.
El encuentro se canceló sin previo aviso y sin explicación oficial, lo que llevó a Vamos a emitir un comunicado en el que exige “la corrección inmediata del estatus laboral” de los funcionarios afectados y anuncia que recurrirá a todas las vías legales e institucionales disponibles.
Más de 40 los funcionarios afectados
La Contraloría dice que solo siete funcionarios de la Asamblea tienen el pago suspendido, como parte de procesos de “verificación e investigación” iniciados desde marzo, relacionados con la asistencia. Pero los diputados de Vamos presentan una realidad muy distinta.
El jefe de la bancada, Roberto Zúñiga, asegura que los afectados superan los 40 colaboradores, distribuidos entre los despachos de los diputados Luis Duke, Alexandra Brenes, Jhonathan Vega, Janine Prado, Yamireliz Chong, Eduardo Gaitán y Augusto Palacios, además del propio Zúñiga.
Duke confirmó que su personal no recibe salario desde marzo y agregó que la afectación alcanza a por lo menos 34 funcionarios más allá de los siete que menciona la CGR.
Sin licencia, sin notificación
El aspecto más polémico del conflicto es la forma en que la Contraloría aplicó la medida. Según la Dirección de Recursos Humanos de la Asamblea Nacional, ningún trámite de licencia sin sueldo fue procesado por la institución.
Ese departamento legislativo lo certificó por escrito: “no existe actuación administrativa de esta institución que sustente la adopción de dicha medida”.
Herrera también lo confirmó: ni la Asamblea ni los jefes de despacho autorizaron nada.
Zúñiga advierte que los funcionarios afectados cumplen con los registros de asistencia, incluso los fines de semana. “Todos firman su asistencia, mes a mes. Ese es el mecanismo de control con los funcionarios eventuales y lo digo francamente: si nos ponen un sistema de marcación digital, no tenemos ningún problema”, dijo el legislador.
Lo que resulta más llamativo, según la bancada, es que esos mismos colaboradores continúan presentándose a trabajar en sus despachos. Trabajan, pero sin cobrar.
La vía judicial
Una de las afectadas ya tomó acción legal. La abogada Martita Cornejo, colaboradora del despacho de Brenes, presentó un amparo de garantías constitucionales ante la Corte Suprema de Justicia. Su caso podría abrir la puerta para que otros funcionarios en la misma situación sigan el mismo camino.
Vamos había visto en la reunión con Flores una oportunidad para resolver el conflicto de forma institucional. La cancelación de ese encuentro cierra, al menos por ahora, esa posibilidad y eleva la presión política sobre la Contraloría.
