Cerros cubiertos de precarias casas. Barrios marginales compuestos por estrechas callejuelas donde se convive con la violencia y las drogas. Esa es la imagen negra de las favelas de Río de Janeiro.
Cerca de mil enclaves donde la ley la dictan los narcotraficantes y las pandillas de delincuentes. Pero, tras la exitosa operación militar en el Complexo do Alemao, las autoridades han confirmado que esperan poder acabar con esa situación en un par de años.
El recuento final de las operaciones de la Policía Militarizada en esa favela de Río de Janeiro fue de 123 presuntos narcotraficantes arrestados y 37 fallecidos. Además, se incautaron de 33 toneladas de marihuana y de 206 armas, entre las que se incluye un gran número de fusiles y ametralladoras.
Pero esta acción policial contra el mayor grupo de narcotráfico establecido en la favela del Complexo do Alemao no es una acción aislada aprobada por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Es el resultado de una voluntad política de terminar con un problema real que supone un alto costo al Estado.
El Banco Mundial estimó que Brasil gasta cada año una media de 100 mil millones de dólares en seguridad, inversión y productividades pérdidas como consecuencia de la violencia. Para ayudar a resolver este problema, compañías como Coca-Cola y el Banco Brandesco, según la web de Infolatam, han donado dinero para financiar acciones policiales.
