El presidente de la República, Laurentino Cortizo, reconoció que debe haber una mayor fiscalización de los dineros provenientes de la descentralización.
Indicó que lo que se requiere es “más fiscalización, porque obviamente se le solicitan más responsabilidades, pero éstas deben estar casadas con el buen manejo de los recursos”.
Dijo que el tema de fiscalización hay que ahondarlo así como la capacitación a las juntas locales, pues “es muy importante”.
“Hemos estado hablando con la Secretaría Nacional de Descentralización”, indicó.
Una reciente investigación de La Prensa reveló que con la llegada de los fondos de la descentralización en 2016, alcaldes y representantes de corregimiento, amparados en la ley de ese programa, obtuvieron fondos para emplanillar a allegados y brindar “ayudas sociales”, como comida, ataúdes y becas, a pesar de estar expresamente prohibido por la ley.
En tres años y medio, estos funcionarios recibieron desembolsos que suman $764 millones, pero el resultado es cuestionable: obras inconclusas, abandonadas y hasta con problemas estructurales. En muchos casos se incumplió con el nombramiento de un representante de la participación ciudadana, que tendría entre sus funciones coordinar las acciones que desarrolla cada municipio con otras organizaciones para prevenir actos de corrupción.
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