El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) aguarda los resultados de análisis de laboratorio tras un accidente registrado con una tubería en el área de la explotación de cobre Minera Panamá, en la provincia de Colón.
Pero, de momento, hay dos hechos que han salido a relucir: MiAmbiente no acudió de forma inmediata al lugar del accidente y la minera avisó dos días después, ya que las normas se lo permiten.
Así lo dio a conocer este viernes el titular de MiAmbiente, Milciades Concepción, en TVN Noticias.
El derrame ocurrió el pasado 14 de julio, a las 3:06 de la tarde, informó Minera Panamá, filial de First Quantum. El reporte a la oficina regional de MiAmbiente en la provincia de Coclé fue dos días después, el viernes 16 de julio, a las 2:30 p.m. Y cuatro días después, el martes 20 de julio, MiAmbiente y el Ministerio Público fueron hasta lugar de los hechos.
“Una de las fallas que nos encontramos es que dentro de los procedimientos de MiAmbiente, históricamente, en los planes de emergencia y contingencia, no se establece la comunicación inmediata. La deja abierta en el tiempo, y es un fatal error”, dijo Concepción, quien agregó que se está emitiendo una resolución ministerial a fin de establecer que accidentes como estos sean reportados por la empresa al ministerio de forma inmediata.
El funcionario dijo que la minera se acogió a la libertad que le permite la norma y que, según sus procesos internos, este aviso es a partir de las 48 horas, hecho que también confirmó Minera Panamá a La Prensa.
“Nos enfocamos en nuestro protocolo, que indica primero atender la situación, que rápidamente fue controlada, y luego poner en marcha las medidas mitigación”, respondió Minera Panamá.
El derrame consistió en 550 metros cúbicos de material, mientras que lo vertido alcanzó los 132 mil galones, mezcla de agua, carbonato de calcio y arena, informó Concepción. Las comunidades –que los residentes llaman Chicheme–, al margen del río del mismo nombre, y Nuevo Sinaí, se vieron afectadas por la contaminación de la quebrada Chicheme y el río Pifá. Las autoridades locales contabilizaron unas 600 personas que utilizan este último río para sus necesidades diarias –incluido el consumo–, pues el acueducto solo abastece al 40% de los moradores.
Minera Panamá, empero, niega esta aseveración de dos autoridades locales. “El uso que la comunidad le da a ese río es recreativo (lavar y bañarse), no para consumo. El acueducto construido para la población, con aprobación del Ministerio de Salud (Minsa) y, de acuerdo con el aforo del caudal, se hizo hace más de 3 años, cuando se cubría al 80% de la comunidad, y la toma de agua está totalmente separada, en sitios topográficamente elevados del río”, afirmó.
Añadió que próximamente se decidirán acciones para mejorar el acueducto, luego de la visita de personal del Minsa. “Tenga la plena seguridad de que esto va a concluir en una multa, y vamos a imponer la multa más grande que nos permitan las normas ambientales del país”, subrayó Concepción a TVN Noticias.
El funcionario precisó que son dos investigaciones las que se llevan a cabo por este accidente: una penal y otra de carácter administrativa.
La Prensa preguntó a la minera por qué divulgó fotos de los ríos afectados por el derrame cinco días después del accidente, cuando ya sus aguas se apreciaban prácticamente normales, en contraste con videos e imágenes compartidas por los residentes, divulgados casi de inmediato, cuando era notoria la turbiedad de sus aguas. La empresa respondió que en las fotos oficiales está documentada la evolución del incidente.
“La política [de la minera] es, primeramente, comunicar a las autoridades locales en las comunidades, Nuevo Sinaí, en este caso, y las autoridades que rigen nuestra operación, como en efecto se hizo. Una vez está documentado y comunicado el hecho, es cuando se comparten imágenes de las medidas de mitigación y soluciones que se le han dado al tema a los medios de comunicación”.
Pese a que la empresa informó que tomó medidas de mitigación, residentes de la zona expresaron su inquietud por el accidente. “Estamos sumamente preocupados por lo sucedido. Esto ya tiene precedentes en otros casos en los que los informes quedan inconclusos o nunca se notifica a la comunidad sobre el resultado de las investigaciones. Tanto el gobierno pasado como el presente no muestran mayor sensibilidad humana con estos temas, y la empresa minera siempre actúa como juez y parte”, se quejó Eliécer Fernández, fundador de la organización Defensores de los Recursos Hídricos, a la que, desde 2015, se han sumado 16 comunidades vecinas a la explotación de cobre.
Según la organización, es evidente que ni el gobierno ni las comunidades tienen procedimientos de fiscalización del proyecto. No obstante, exigieron una “explicación convincente” sobre las consecuencias de este incidente para el ambiente, así como aclaraciones para la población que está dentro de la concesión, de 13 mil hectáreas. La ONG también advirtió que estará vigilante del resultado de la presente investigación.
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Comunicado DRHI.pdfEl riesgo de ruptura de estas tuberías fue advertido en una inspección efectuada en mayo de 2019, por parte de MiAmbiente, según el informe No. 028-2019. En este, se indicó que estas tuberías no tenían protección de choque y que, de romperse, afectarían el río Caimito. Precisamente, a este río concurren las aguas de los cauces fluviales de Pifá y Chicheme.
El mencionado documento concluyó que la minera tenía 27 incumplimientos, “en su mayoría, de reincidencia”, respecto a informes de fiscalización realizados en los años 2014, 2015, 2016 y 2018.
Los residentes advirtieron que este derrame sería el tercero. De hecho, un informe de oficio de MiAmbiente –fechado en julio de 2018– indica que “desechos contaminantes e hidrocarburos del taller TMF son arrastradas a la quebrada Sinaí sin previo tratamiento”, y que la quebrada Chicheme “está alterada, blancuzca, con olor intolerable”.
Inspecciones de MiAmbiente a la zona minera desde 2012 (durante la construcción de sus instalaciones) hasta octubre de 2019 revelaron más de 200 incumplimientos ambientales que afectaron recursos hídricos y terrestres. Así está contenido en 13 informes de MiAmbiente que acumulan más de 300 páginas. La empresa, empero, asegura que aplica los más altos estándares mineros, y que muchas de las faltas señaladas en esos informes han sido subsanadas.
“Queremos poner en contexto lo siguiente: MiAmbiente no exime a nadie de culpabilidad”, dijo Concepción. Recordó que al llegar al cargo, se encontró con que habían faltas consignadas desde 2013, pero que nunca se tramitaron. Pero en 2019, “sancionamos a la empresa con multas, y fueron pagadas todas (10) desde el 2013. El año pasado, abrimos cinco causas y fueron condenados. Ellos apelaron ante los tribunales y la Corte Suprema de Justicia”, concluyó Concepción.
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