La venta de medios de comunicación y la escasez de materia prima, la pérdida de puestos de trabajo y las consecuencias de esta situación sobre el ejercicio de la libertad de expresión e información en Venezuela fueron denunciados por cuatro organizaciones en el marco del 153 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este martes, 28 de octubre, en Washington.
Las denuncias del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, de la ONG Espacio Público, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y el Instituto de Prensa y Sociedad se dieron el mismo día en que el representante del gobierno de Venezuela negó a la CIDH la solicitud para visitar el país a fin de constatar la situación de los derechos humanos en esa nación, basado, según dijo en que ese organismo apoyó el golpe de Estado contra el fallecido presidente Hugo Chávez en 2002.
De acuerdo al diario El Nacional, Marco Ruiz, secretario del Sindicato, sostuvo que la venta de medios y la escasez de papel ha provocado el despido o renuncia forzada de al menos 289 trabajadores, lo cual, a su juicio repercute directamente en el acceso a la información por parte de la población y en el ejercicio de un periodismo libre e independiente.
“Han disminuido los espacios para la crítica y para el debate público de los temas de interés nacional”, aseguró Ruiz a los comisionados de la CIDH durante la sesión. Y remarcó que todos los casos de despidos tienen como fundamento la persecución y el acoso por razones políticas y no profesionales.
El Sindicato entregó a la CIDH un resumen sobre los ataques y agresiones por parte de funcionarios, incluidas 20 contra trabajadores de la prensa por parte del presidente, Nicolás Maduro; el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello; y el canciller Elías Jaua, entre otros. Gloria Salazar, de Espacio Público, habló sobre las violaciones a la libertad de expresión que, asegura, son las más altas de los últimos 20 años. "Durante las protestas ocurridas desde febrero, haberse identificado con su carné de periodistas, incrementó en ensañamiento contra ese trabajador y ganando así el silencio". En tanto, Mariengracia Chirinos, del Instituto de Prensa, se refirió a la parte del informe correspondiente a censura y autocensura. "Se ejercen presiones para que los periodistas se inhiban de informar. Hay órdenes de censura tanto en medios estatales, como en medios privados. Periodistas denuncian el cierre de las fuentes de información pública, en instituciones gubernamentales y privadas. Por todo esto, los comunicadores ven ven necesaria la aprobación de una Ley de Acceso a la Información Pública”, relató. Por último, Beatriz Borges, de la Universidad Andrés Bello, pidió al organismo de la ONU seguir de cerca el encarcelamiento de ciudadanos por opiniones publicadas en las redes sociales, así como al cambio de propiedad de los medios de comunicación y los despidos de periodistas. La CIDH examinó la situación de Venezuela en tres audiencias ayer. Otro de los temas abordados fue la violencia y la impunidad, que según la directora de la organización para la promoción y protección de los derechos humanos Cofavic, Liliana Ortega, han aumentado producto de las protestas acaecidas entre febrero y junio de 2014.
"Venezuela es el único país del mundo donde la tasa de homicidios ha tenido un incremento sostenido desde 1995", sostuvo Ortega, quien indicó que han documentado unos 892 casos de “violación al derecho a la vida y desapariciones forzadas" entre enero y septiembre de este año.
Ortega también señaló que el Ministerio público de Venezuela abrió este año 189 investigaciones relacionadas con protestas y que "en el 80% de los casos no se continuó con el proceso".
LUCHA POR LIBERACIÓN DE LÓPEZ CONTINUA
Uno de los detenidos por las protestas y que está acusado de instigación pública, agavillamiento (asociación para delinquir), daños a la propiedad e incendio por los hechos violentos que se produjeron al término de una marcha el 12 febrero y que se saldaron con tres muertos y decenas de heridos y detenidos es el líder del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, quien se negó a acudir este martes a la audiencia de su juicio en la que se prevía que dictaran sentencia, ya que considera que sus derechos humanos y procesales están siendo violados por la Justicia, y contó en una nota que publicó en Twitter sus razones (ver imagen adjunta).
López asegura que han pasado 20 días sin que la jueza 28 de juicio, Susana Barreiros, dé respuesta a la solicitud de liberación del Grupo de Trabajo de la ONU, y que para evadir el requerimiento lleva 10 días sin atender en el despacho.
De hecho, la esposa de López, Lilian Tintori, y sus abogados a diario reportan la inacción de ese despacho judicial y usan las redes sociales para extender su protesta y su solicitud de liberación de López (ver imagen adjunta).
Por esta situación y por violaciones a sus derechos dentro del penal, López comenzó el 25 de octubre una campaña #BarrotazoXLaLibertad a la que invita a todos a unirse.
Escúchalo hablar desde su celda en este video.