Publio Cortés se estrenó en el cargo de director Nacional de Ingresos firmando una resolución, en la que declaró la nulidad “por violación a la Constitución” del contrato con la empresa Cobranzas del Istmo, S.A.
La Resolución fue expedida ayer, 1 de octubre, el mismo día que el gobierno de Juan Carlos Varela informó que Cortés estaría al frente de la Dirección Nacional de Ingresos (DGI), entidad que fue revivida luego que la Corte Suprema de Justicia declarara ilegal la ley que en abril de 2013 creó la Autoridad Nacional de Ingresos de Panamá (ANIP). Esta semana, el administrador de ANIP, Luis Cucalón, presentó su renuncia a Varela.
Desde el 25 de agosto de 2010, Cobranzas del Istmo, S.A. tenía contrato exclusivo para actuar como “gestor de cobro” para la recuperación de la morosidad tributaria. En los últimos dos años, el Estado pagó a la empresa 39 millones de dólares en concepto de "comisiones".
Según Cortés, la anulación del contrato es consecuencia del fallo de la CSJ, ya que en éste se establece que la recaudación de rentas nacionales es una función pública del Presidente de la República, en conjunto con el Ministerio de Economía y Finanzas, y por –tanto- no puede estar bajo responsabilidad de una entidad autónoma (como la ANIP) o una empresa privada (como Cobranzas del Istmo).
Para Cortés, resulta muy grave que un contratista privado maneje información personal de los contribuyentes, lo que es violatorio del artículo 42 de la Constitución.
Contra la Resolución de anulación caben recursos de reconsideración y apelación.