La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha expedido certificados de idoneidad a 5 mil 80 abogados desde el 2010 a lo que va de 2014, según cifras del propio Órgano, divulgadas por el Colegio Nacional de Abogados (CNA).El presidente del gremio, José Alberto Álvarez, observó la creciente cantidad de egresados de “ciertas universidades”, frente a una disminución de parte de la Universidad de Panamá y la Universidad Santa María la Antigua (USMA), “las dos universidades más antiguas del país”.Consideró que la situación es “gravísima”, por lo que pidió apoyo para modificar la Ley 18 de 1984, que regula el ejercicio de la abogacía.Aunque la Universidad de Panamá sigue siendo la principal casa de formación de los futuros abogados (de las 5 mil 80 idoneidades expedidas por la CSJ, mil 305 corresponden a la UP), sí se observa una merma: en el 2010, 366 personas recibieron su título en Derecho; en 2014, la cifra cayó a 80. La USMA, en tanto, graduó a 453 en el periodo 2010-2014. Hace dos años, los egresados eran 113; este año, apenas 45.“Si la educación no es buena, la administración de justicia no lo será, afectando con ello la democracia del país, convirtiéndola en caricatura de la democracia”, dijo Álvarez, a través de un boletín del CNA. En la Corte también han considerado necesario reformar la ley que regula el ejercicio. Seis magistrados –José Ayú Prado, Luis Ramón Fábrega, Víctor Benavides, Harley Mitchell, Harry Díaz y Jerónimo Mejía– sostuvieron una reunión con Álvarez y Darío Sandoval, para modificar la Ley 9 de 1984.En marzo pasado, los magistrados también se reunieron con Gustavo García de Paredes y Gilberto Boutin, rector y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UP, a quienes explicaron su intención de reformar la ley que regula el ejercicio de la abogacía.En dicha reunión, Mitchell les explicó que la iniciativa no está “en contra ni a favor de nadie”; simplemente se intenta mejorar la calidad profesional de los egresados.Hasta ahora, la norma indica que para obtener el certificado de idoneidad los requisitos son ser nacional panameño y poseer título profesional en derecho expedido por un centro de estudio, revalidado por la UP.