El exministro de Desarrollo Social Guillermo Ferrufino, investigado por el Ministerio Público por presunto delito contra la administración pública, se encuentra seleccionando a su equipo de asesores legales para enfrentar este caso.
Fuentes del partido Cambio Democrático –del cual Ferrufino es miembro– señalaron que Luis Carlos Cabezas, que ha representado en diversos casos al expresidente panameño Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), sería uno de los principales integrantes del grupo defensor del exministro.
Se espera que para esta noche el exministro ya tenga seleccionado a su batería de abogados para enfrentar este caso.
Para el martes 11 de noviembre está previsto también que el Ministerio Público haga las primeras diligencias formales de esta investigación que surge a raíz de que en algunos medios de comunicación aparecieran informaciones sobre una lujosa residencia en Pyne Hills Albrook Field que sería propiedad del exfuncionario.
HABLA LA SOCIEDAD CIVIL
Varias han sido las voces de la sociedad civil que se han pronunciado sobre este caso.
El excontralor general del país, Carlos Vallarino, señaló que “el país está envuelto en un mar de corrupción heredado del [expresidente Ricardo] Martinelli, donde se encontrarán a ministros involucrados en toda clase de malos manejos y enriquecimiento injustificado”.
A su juicio, durante la pasada administración gubernamental, no solo hubo falta de fiscalización, sino también falta de investigación por parte de la Procuraduría de la Nación.
“Hubo una especie de delincuencia organizada auspiciada desde la cabeza del Ejecutivo, organización criminal que permitía el enriquecimiento, aprovechando un puesto para poder avanzar”, aseveró Vallarino al tiempo que dijo que si se comprueba el delito debe ser estipulada la pena en la esfera electoral, penal y patrimonial.
Por otro lado, Rubén Elías Rodríguez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados, indicó que la imagen del país con este tipo de casos ha quedado “profundamente deteriorada”.
Para Rodríguez es importante que Ferrufino justifique de dónde salió la fuente de ingresos y recursos económicos para adquirir en tan corto tiempo esos bienes.
En cuanto a la confianza en la investigación que adelanta el Ministerio Público, el abogado dijo que mientras la procuradora de la Nación, Ana Belfon, esté en ese cargo, no hay confianza en que las diligencias avancen.
De hecho, dijo que Belfon tendría que ser investigada por el incumplimiento de los deberes que le asigna la ley porque debió iniciar investigaciones durante su administración y no lo hizo.
Indicó además que este gobierno no debe esperar a que se nombre al nuevo procurador y contralor de la República, ya que los funcionarios deben ir adelantando toda la documentación y hacer las auditorías necesarias para presentar las pruebas de delitos por uso de recursos del Estado.
Tanto a la procuradora Belfon como a la contralora Gioconda Torres de Bianchini se les vencen sus periodos el próximo 31 de diciembre de 2014. En tanto, Teresita Yániz de Arias, exlegisladora del país, expresó: “Que las evidencias se conviertan en pruebas y que las pruebas terminen en sanciones”.
Yániz de Arias dijo que no solo espera que la investigación prospere sino que “empecemos a meter en la cárcel a todos los que se apropiaron de fondos públicos”.
Desde la noche del viernes, La Prensa ha intentado obtener una versión de Ferrufino pero al momento no se ha tenido éxito.
(Con información de Juan Manuel Díaz, Priscilla Pérez y Ángel López Guía)
LA PRENSA/Ricardo Iturriaga