Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo inspeccionaron este lunes, 23 de diciembre, las infraestructuras levantadas en el lugar, en donde funcionaban los hangares de Diablo, luego que los arrendatarios de esos locales fuesen desalojados por la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la corregiduría de Ancón.
Los funcionarios vieron el lugar mostrado por los afectados que piden indemnizaciones y que además presentaron una denuncia contra Jorge Luis Quijano, administrador de la ACP.
El abogado de los arrendatarios de los hangares, Silvio Guerra, manifestó que la ACP está violando los derechos humanos de sus clientes. “Allí hay violación de derechos”.
Guerra explicó que la ACP coloca policías para no dejar entrar a sus clientes. Mark Goldstein, vocero del grupo, aseguró que se verán afectados 2 mil personas.
Agregó que pagan luz y agua como cualquier otro en el país. “Somos panameños y residentes, estamos aquí para pelear una injusticia que está haciendo la ACP”, dijo.
En tanto, la ACP mandó a cerrar algunos hangares, ya que afirma que esos terrenos pertenecen a todos los panameños.
En su momento, mediante un comunicado la ACP informó que continuará defendiendo de forma vigorosa el derecho que le asiste a recuperar tierras que son de todos los panameños y que administra el Canal de Panamá.