Los funcionarios de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) están obligados, por ley, a guardar total reserva sobre la información que obtengan o conozcan en el desempeño de sus funciones, y el que no cumpla con ello, se expone a una sanción de tres a cinco años de prisión, según el Código Penal.
La UAF, que fue creada en el gobierno de Ernesto Pérez Balladares, mediante Decreto Ejecutivo 136 de 1995, señala que sus funcionarios están obligados a suministrar información únicamente al procurador general de la Nación, cuando –a juicio de la entidad fiscalizadora– deba procederse a una investigación por parte del Ministerio Público.
Adicional, debe proveer “asistencia” a los funcionarios de instrucción de la Procuraduría y a los designados en la Superintendencia de Bancos de Panamá, para ayudar en las investigaciones penales o administrativas de actos relacionados con blanqueo de capitales.
El artículo 6 del Decreto Ejecutivo 136 de 1995 señala que el Órgano Ejecutivo procederá contra el funcionario o exfuncionario de la UAF que revele información obtenida en el desempeño de sus labores a personas no autorizadas.
La sanción incluye la destitución y la presentación de una denuncia penal por la comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto, cuya pena es de tres a cinco años de prisión, según el Código Penal vigente.
“La UAF es una entidad blindada, de absoluta confidencialidad”, indicó su exdirectora, Victoria Figge, hoy, en Telemetro Reporta. “Nadie puede estar husmeando qué es lo que hay ahí… Cualquiera que muestre o entregue documentos está expuesto a sanciones muy serias”.
Figge se pregunta cómo llegó al Diario de las Américas, que se edita en Miami, una información de una supuesta investigación de la UAF, que vincula al vicepresidente de la República y candidato presidencial del opositor Partido Panameñista, Juan Carlos Varela.
“¿Cómo llegó lo que llegó a este medio? Esto viola la ley de la UAF… Resta credibilidad a una institución que le costó mucho ganársela”, indicó. “Hace poco tuvimos un informe del Fondo Monetario Internacional [FMI] sobre las debilidades que tenemos en este aspecto y este tipo de divulgación no nos ayuda. Esto muestra la debilidad institucional que existe en este país”, remarcó.
Funcionarios de la UAF a prisión, si divulgan información
El artículo 6 del Decreto Ejecutivo 136 de 1995 señala que el Órgano Ejecutivo procederá contra el funcionario o exfuncionario de la UAF que revele información obtenida en el desempeño de sus labores a personas no autorizadas.
16 abr 2014 - 03:19 PM
