Hace dos semanas, el presidente de la Asamblea Nacional, Adolfo Valderrama, solicitó públicamente la suspensión de las reformas electorales, pero desde entonces la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales –responsable de dar primer debate al proyecto- ha ignorado tal requerimiento.
El presidente de la comisión es el perredista Pedro Miguel González, proponente de la reforma que pretende modificar los artículos 342 y 347 del Código Electoral.
Este cambio permitiría que el Tribunal Electoral (TE) entregue las credenciales a los diputados que son parte de un circuito plurinominal cuya elección fue impugnada, pero no están mencionados en la denuncia o vinculados al supuesto delito electoral.
La propuesta de González tendría efecto retroactivo. Actualmente, hay 14 curules vacías por procesos de impugnación sin concluir por parte del TE.
El pasado 8 de agosto, ante el rechazo del TE, varios grupos de la sociedad civil organizada y gremios profesionales, Valderrama pidió la suspensión del proyecto. “No es prudente establecer las reglas en un torneo electoral y luego variarlas”, comentó en aquella ocasión.
González reaccionó diciendo que el tema sería consultado en una reunión de su bancada, la perredista.
En el Panameñista –que tiene un acuerdo legislativo con el PRD- dijeron que ellos harían lo mismo. Las reuniones se celebraron, pero no hubo anuncio oficial del resultado de ambas.
González ha dicho que continuará con el periodo de consultas del proyecto.
Ayer, el Movimiento de Abogados Gremialistas (MAG) instó a la comisión a archivar el proyecto y se abstenga de realizar modificaciones al Código electoral.
También envió un mensaje al TE: “resuelvan las impugnaciones sometidas a su decisión para que se respete la voluntad popular externada en las urnas el pasado 4 de mayo y devuelvan así la paz que merece el pueblo panameño”.
También ayer, la Alianza Ciudadana Pro Justicia, el Colegio Nacional de Abogados y otras organizaciones entregaron en la Presidencia una “agenda mínima sobre la transparencia en la gestión pública” que incluye, entre sus puntos principales, la discusión del paquete de reformas electorales consensuadas y presentadas por el TE en el año 2011.