La inversión del Estado panameño en la construcción de más centros penitenciario y no lo suficiente en resocialización, fue visto como un mecanismo nada efectivo para mejorar la calidad de vida de los privados de libertad y disminuir la población carcelaria por los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quienes cuestionaron este jueves 31 de octubre el estado en el que se encuentran las cárceles en el país.
El sistema penitenciario panameño "adolece de serios problemas" y la situación es "grave y preocupante," señaló el Comisionado Rodrigo Escobar Gil, Relator de los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH durante la audiencia pública sobre la situación de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en Panamá, realizada hoy.
Gil cuestionó al Estado panameño el no tener una política pública criminal de carácter integral enfocada en la prevención y no en la represión. Además, sostuvo que es muy preocupante el abuso de la detención preventiva en Panamá.
Por su parte, el Comisionado Presidente José de Jesús Orozco de la CIDH describió como un motivo especial de preocupación el incremento de la población penitenciaria. Asimismo, la Comisionada Dinah Shelton indicó que otros países con problemas similares enfrentan sus retos penitenciarios con reformas penales para descriminalizar los delitos menores y no construyendo más cárceles.
En dicha audiencia, el Estado resaltó sus esfuerzos por construir más plazas penitenciarias y expresó su compromiso con su reforma penitenciaria y con recibir una visita de la CIDH a los centros penitenciarios panameños.
Los peticionarios, representados por la Alianza Ciudadana Pro Justicia y la Clínica Internacional de Derechos Humanos y Resolución de Conflictos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford, expusieron que el presupuesto penitenciario se enfoca de manera desproporcionada en la construcción de más cárceles y no lo suficiente en resocialización, capacitación de personal penitenciario y salud.
También enfatizaron que el sistema debe regirse por criterios de transparencia, apertura y monitoreo independiente.