Cada vez que se le pregunta al presidente, Ricardo Martinelli, sobre las investigaciones que por corrupción internacional se llevan a cabo en Italia, él responde no saber nada. “Eso es un tema entre italianos”, ha dicho repetidas veces.
Los fiscales italianos, sin embargo, no piensan igual. Una nueva orden de allanamiento vuelve a dejar en evidencia que las investigaciones llegan directamente hasta Martinelli y su “entorno”.
Además de las vinculaciones que han relucido entre Lavítola y Martinelli sobre el pago o promesa de pago de sobornos por la adquisición de bienes y servicios de firmas italianas en Panamá, ahora los fiscales investigan una supuesta visita clandestina.
En efecto, hay indicios de que en un extraño viaje del mandatario a Roma el fin de semana del 16 de junio de este año –con la excusa de recibir un pergamino que entregaba la FAO a diversos países–, Martinelli habría violado el régimen penitenciario de Lavítola en una visita no autorizada.
Joan Solés, un reputado periodista español de la cadena SER, radicado en Roma, y que ha reportado sobre el escándalo del caso Lavítola para Radio Panamá, fue también citado recientemente por los fiscales.
Solés, quien fuera amenazado por Lavítola para que dejara de cubrir el proceso y luego le ofreció dinero al periodista para que encausara la investigación en dirección opuesta con el objeto de proteger al mandatario panameño, reportó entonces sobre la posibilidad de la visita al reo.
La orden
El 6 de noviembre de 2013, los fiscales Vicenzo Piscitelli y Henry John Woodcock ordenaron al Núcleo de Policía Tributaria de Nápoles la inspección a la residencia de Lavítola.
En adición a la requisa completa del domicilio –ubicado en via Castel Sant´Elia, en Roma–, los fiscales instruyeron a la policía la inspección del garaje y depósito del edificio.
Se presume que, de haber entrado el mandatario panameño en una supuesta visita clandestina (en violación del régimen penitenciario que solo permitía a Lavítola tener contacto con la “familia con la que convive”), Martinelli habría accedido a través del garaje del edificio.
Los fiscales también ordenaron la adquisición de datos informáticos de Lavítola.
Esta ordenanza de los fiscales napolitanos guarda relación con los negocios del Gobierno de Panamá con la sociedad italiana Svemark, cuya investigación continúa abierta.
En cambio, los negocios con Selex, Telespazio y AgustaWestland –todas sociedades que forman parte del conglomerado Finmeccanica– competen al tribunal de Roma, en donde la investigación está cerrada y se espera la fecha del juicio.
Este medio ha tenido acceso al decreto, redactado por la Fiscalía de Nápoles, que ordenó proceder al allanamiento de la casa donde Valter Lavítola cumplía arresto domiciliario, en busca de dinero en efectivo, documentos, correspondencia, notas o elementos que pueden servir para la investigación.
En el allanamiento de la casa romana en la colina de la Farnesina se pretende encontrar, entre otras cosas, evidencias de la supuesta visita del presidente Martinelli.
Fiscales se ratifican
La orden girada por los fiscales no deja duda de que mantienen intacto el curso de la investigación y que los beneficios estaban orientados directamente al presidente Martinelli.
El documento detalla cómo dinero en efectivo fue pagado a representantes del mandatario con la intención directa de conseguir favores.
De igual forma, relatan en la orden recién emitida que sus pesquisas han encontrado promesas de pago de coimas millonarias “a favor del presidente, Ricardo Martinelli”, y han seguido las pistas a través de cuentas bancarias que, incluso, han pasado por el sistema bancario de Estados Unidos.
Hasta el momento, los fiscales italianos han sostenido que los panameños involucrados en los supuestos actos de corrupción no son el objeto de su investigación, aunque para ellos, el delito de soborno internacional está configurado.
Sin embargo, la legislación vigente establece que los funcionarios extranjeros no son imputables, aunque hayan sido “protagonistas de la mejor conocida ´corrupción pasiva”, informa el Ministerio Público. En otras palabras, todos ellos tendrían un grado de responsabilidad en la comisión del delito, aunque no serían imputables por las razones expuestas.
“La alusión a estos es solo con la finalidad de reconstruir los hechos y de la transacción corruptiva”, aclara la orden de allanamiento.
Juristas consultados estiman que no se debe descartar la posibilidad, en un futuro, que las cosas puedan variar. ¿Cambiaría la situación del mandatario, y de la actual alcaldesa Roxana Méndez una vez dejen de ser funcionarios?
El caso del presidente Martinelli es más curioso, en razón de su doble nacionalidad. El propio Martinelli, en su primer viaje oficial a Italia en 2009, anunció con orgullo que: “En el mundo hay solo dos presidentes con pasaporte italiano: Berlusconi y yo”, dijo entonces en Lucca, ciudad de donde partió su abuelo a Panamá.
Las autoridades italianas también podrían considerar el hecho de que otros panameños implicados en su investigación tienen doble nacionalidad y, por tanto, son titulares de pasaportes italianos. Ese parece ser el caso del hijo mayor del Presidente, Ricardo Rica Martinelli, y del primo y cercano colaborador Francisco Frankie Martinelli.
Todos ellos, según la documentación judicial a la que tuvo acceso este medio, actuaron “con un papel significativo y relevante en relación a las coimas que fueron materialmente entregadas a funcionarios panameños” citados y algunos todavía no identificados, para obtener del Gobierno de Panamá la adjudicación de cuatro cárceles modulares por un valor final de $176 millones.
Queda por determinar también, de comprobarse la violación al régimen penitenciario de Lavítola, si Ricardo Martinelli habría con ello infringido la legislación penal estando, esta vez, en suelo italiano.
Rolando Rodríguez B.