Continuas protestas, fallos que atentan contra la institucionalidad democrática y un significativo retroceso en el poder judicial han caracterizado a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) durante los dos años que ha sido presidida por el magistrado Alejandro Moncada Luna.
Así lo han manifestado diferentes organizaciones y miembro de la sociedad civil que han coincidido en que es apremiante que se realice una transformación en el Órgano Judicial, que permita cambiar la deteriorada imagen que tiene el poder judicial.
César Ruiloba, expresidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), explicó que la única forma en que la CSJ puede recuperar la confianza de la ciudadanía será a través de una “reingeniería en la institución”.
La reestructuración, explicó Ruiloba, debe iniciar con la elección de una persona que asuma un verdadero liderazgo baja plena independencia institucional, además de que la Corte debe ser limpiada de la corrupción, abrirse con la sociedad civil e implementar la carrera judicial. Eso, acompañado de un fuerte poder de voluntad y dinamismo.
En tanto, la exmagistrada Esmeralda Arosemena de Troitiño, manifestó que el ideal de que haya una justicia correcta “reside en la capacidad de los hombres que están designados hoy día en la Corte”. Agregó que esos caballeros “deben estar revestidos de principios, integridad, honestidad, de probidad y desprenderse de los compromisos con los grupos de poder”.
En ese sentido, consideró que la persona que sea electa el próximo 2 de enero como nuevo presidente de la Corte debe asumir el compromiso de hacer justicia y de asumir la responsabilidad del mandato constitucional con principios.
De Troitiño consideró que “no hay duda de que la única forma de transformar eso [la CSJ] es cambiando el método de elección de los magistrados”.
Anteriormente, la Alianza Ciudadana Pro Justicia se unió al llamado que hizo el CNA para que quienes sean electos como presidente y vicepresidente de la Corte, garanticen la independencia y se comprometan en aplicar correctivos en el Órgano Judicial.
De lo contrario, señalaron que se mandará un mensaje muy negativo que obligará a la ciudadanía a exigir con más vigor los cambios en el sistema judicial.