El contrato de la empresa Cobranzas del Istmo, encargada de recaudar los impuestos de los contribuyentes, debe ser declarado inconstitucional al igual que ocurrió con la Ley 24 del 8 de abril de 2013 que creó la Autoridad Nacional de Ingresos Públicos (ANIP).
Así lo expuso ayer el abogado Miguel Antonio Bernal, al presentar ante la Corte una solicitud de reforma del fallo que declaró inconstitucional la ANIP. Sustentó que el negocio de Cobranzas está ligado a la ANIP, por lo que en el fallo debe incluirse que ese contrato es inconstitucional. Luis Cucalón, administrador de ANIP, pidió una aclaración del fallo.