Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Harry Díaz y Hernán De León se pronunciaron ayer sobre los dos apartamentos que su colega Alejandro Moncada Luna compró en San Francisco por 1 millón 724 mil 200 dólares.
Díaz y De León solicitaron al pleno de la CSJ una sesión extraordinaria para discutir lo relacionado con dichos bienes.
A través de un correo electrónico, Díaz dejó clara su posición: “Me he enterado de las millonarias compras del magistrado Moncada. Espero que responda adecuadamente, y que no se trate de un acto ilícito”.
Además, Díaz envió un mensaje a sus otros siete colegas de la Corte. “Espero que el resto de la Corte actúe. Si no lo hacen, cuando regrese de viaje voy a solicitar que se discuta el tema. Dado que la vez pasada con el tema del Tribunal Electoral fui el único que encaró a Moncada en el pleno”, recalcó.
Advirtió que “la corte no puede permanecer inactiva ante graves implicaciones de posible corrupción”.
Díaz, quien está de vacaciones fuera del país, fue vicepresidente de la CSJ en el bienio 2012-2013, cuando Moncada Luna fue presidente de esa corporación de Justicia. Desde entonces, ambos magistrados tienen diferencias.
REPERCUSIONES
En tanto, De León, por medio de una nota fechada el 30 de septiembre y enviada ayer, pidió al presidente encargado de la CSJ, Harley Mitchell, que se haga la reunión extraordinaria del pleno para discutir lo relacionado con las noticias publicadas por La Prensa desde el pasado martes.
Mitchell quedó como presidente encargado de la CSJ, debido a que el titular del cargo, el magistrado José Ayú Prado, junto con el vicepresidente, Luis Ramón Fábrega, están de viaje en España en una misión oficial.
“De la manera más respetuosa solicito a usted como magistrado presidente encargado, pueda ser convocada una sesión extraordinaria del pleno, a fin de tener un diálogo sobre la situación del magistrado Alejandro Moncada Luna, conforme noticia publicada el día de hoy 30 de septiembre de 2014 en el diario La Prensa”, escribió De León en la nota, a la que este diario tuvo acceso.
Asimismo, indicó que “pese a ser un tema que puede catalogarse como de índole personal, el mismo tiene repercusiones públicas y de imagen para la máxima corporación de justicia”.
De León también tuvo diferencias con Moncada Luna, porque cuando este era presidente de la CSJ ordenó una investigación interna a cuatro de sus asistentes.
Como parte de esa investigación, Moncada Luna ordenó el retiro de las cuatro computadoras de los asistentes de De León. Incluso, el 18 de octubre de 2012, De León tuvo un fuerte enfrentamiento verbal en su despacho con Ramiro Jarvis, coordinador de Seguridad de la CSJ en la presidencia de Moncada Luna.
La reacción de los magistrados De León y Díaz surge después de que este medio publicó el pasado martes una noticia, en la que informó sobre la compra de dos apartamentos por parte del magistrado Moncada Luna y su esposa, valorados en 1 millón 724 mil 200 dólares.
Uno de los apartamentos se halla en el edificio Ocean Sky, está valorado en $545 mil y fue adquirido en 2011 a través de la sociedad Corporación Celestial, S.A., cuya representante legal es María del Pilar de Moncada Luna, esposa del magistrado.
El otro apartamento fue adquirido el pasado 12 de agosto en el piso 16 del PH Santorini, a un costó de 1 millón 179 mil 200 dólares, por la sociedad Corporación Alpil, S.A., cuya representante legal también es la esposa de Moncada Luna. Ambos inmuebles ya fueron cancelados.
MONCADA RESPONDE
En la mañana de ayer, Moncada Luna emitió una “aclaración” a través de la Secretaría de Comunicación del Órgano Judicial, en la que advirtió a La Prensa “que ante tantas acusaciones que no son ciertas, él había pensado esperar a que se le presentara una denuncia formal para aclarar todo con las pruebas que tiene, y luego de quedar todo aclarado, presentar las acciones civiles y penales contra quienes lo demandaran”.
Sostuvo que, sin embargo, ante “las acusaciones falsas que se siguen publicando”, se ve obligado a aclarar y sacar todas las pruebas que tiene, pero precisó que dichas aclaraciones no se realizarán a través de este diario.
OTRA DENUNCIA
Mientras, ayer surgieron nuevas denuncias sobre las actuaciones de Moncada Luna como magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
La acción guarda relación con una demanda de indemnización presentada por exresidentes de la barriada Prados del Este contra el Banco Nacional de Panamá (BNP) por un monto de 10 millones de dólares.
La demanda tuvo su génesis en las inundaciones que afectaron a los residentes de Prados del Este en el año 2004.
Interpuesta por el abogado Candelario Santana, la demanda se sustentaba en que al ser el BNP el que concedió los préstamos para la realización de las residencias, debía saber que se trataba de una zona inundable.
Y fue precisamente Moncada Luna quien actuó como ponente en esta demanda.
De acuerdo con Santana, Moncada Luna incurrió en faltas a la ética al no declararse impedido en este caso.
Según el abogado, el fallo de Prados del Este data del 19 de de diciembre de 2013, mientras que el contrato de compra-venta del apartamento en el Ocean Sky se firmó el 3 de marzo de 2011 y se canceló el 6 de agosto de 2014 con préstamos del BNP.
Para Santana queda claro que el magistrado Moncada Luna tenía una obligación con el BNP al momento de resolver el proceso y que en consecuencia debía declararse impedido.
“En este caso vamos a presentar una denuncia ante la Asamblea Nacional contra el magistrado Moncada Luna, para que se investigue lo actuado en este proceso”, confirmó.
Dijo que la comisión de Credenciales debe iniciar de oficio una investigación para establecer las faltas cometidas por Moncada Luna.
Informó que contactó a un grupo de exresidentes de Prados del Este, para acudir a la Asamblea y presentar la denuncia contra Moncada Luna, al tiempo que dijo que solicitará al Colegio Nacional de Abogados que analice su actuación en este caso.
A juicio de Santana, no es posible que cientos de personas hayan sido afectadas por una decisión judicial, que se produjo no por la interpretación de la ley, sino por circunstancias ajenas al proceso judicial.
MP ESPERA MÁS datos
En tanto, la jefa del Ministerio Público (MP), Ana Belfon, informó que por ahora no tiene elementos probatorios como para abrir una investigación de oficio a María del Pilar de Moncada Luna, quien trabajaba en el despacho de la ex primera dama Marta de Martinelli y a la vez era presidenta y representante legal de Corporación Alpil, S.A.; y a Ana Bouche, exfuncionaria de la CSJ y al mismo tiempo secretaria de la junta directiva de dicha corporación.
“En este momento, no puedo responder a especulaciones. Cuando se investiga un hecho que genera información, y si de esta se genera algún hecho que el MP deba investigar, tenga la plena seguridad que así debo hacerlo”, indicó.
PIDEN RENUNCIA
Por su lado, al menos 15 organizaciones de la sociedad civil exigieron la renuncia del magistrado por el daño que, a su juicio, causa a la administración de justicia.
En comunicado de la Alianza Ciudadana Pro Justicia y respaldado por otras organizaciones, se pidió a la Asamblea Nacional separarlo del cargo e iniciar una investigación sobre su responsabilidad en estos hechos.
(Con información de Olmedo Rodríguez)
El constitucionalista Miguel Antonio Bernal instó a exigirle a la contralora que suministre copia del estado de bienes del magistrado Moncada Luna.
El artículo 1752 del Código Civil establece: “Los notarios expedirán a cualquier persona copias debidamente autenticadas de los actos y contratos que se hallen incorporados en el protocolo".
Pero si un ciudadano va hoy a la Notaría Segunda de Circuito a pedir copia de la declaración de bienes patrimoniales del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Alejandro Moncada Luna recibe la siguiente respuesta: en este despacho no hay tal documento. “Fue enviado a la Contraloría General de la República por la anterior administración.”
Esta fue la respuesta que obtuvo este diario ayer al abordar a Anayansi Jované Cubilla, quien reemplazó a Tania Chen en la Notaría Segunda de Circuito.
Jované Cubilla contó que asumió el puesto el pasado 16 de septiembre y agregó que no encontró ningún documento de la anterior gestión, pues fueron enviados a los archivos nacionales.
La Ley 59 de 1999 que dicta medidas contra la corrupción administrativa ordena otra cosa. El original de la declaración reposará en cada Notaria. Una copia será enviada por el funcionario declarante - y jamás por el notario- a la Contraloría.
En su artículo 3 dice: "El Notario ante quien se presente la declaración jurada de estado patrimonial realizará la diligencia sin costo y deberá conservarla en su protocolo".
Y continúa: "El servidor público declarante deberá enviar copia auténtica de su declaración a la Contraloría General de la Nación".
Moncada Luna, en el ojo de la tormenta por haber adquirido junto con su esposa María del Pilar Fernández dos apartamentos valorados en 1 millón 724 mil 200 dólares, inmuebles pagados al contado, declaró antes de llegar a la Corte que tenía un carro 4x4 de 2005 y un reloj de oro tipo “Presidente”.
Dirigentes de la sociedad civil cuestionaron la acción de la exnotaria. Guido Rodríguez, abogado y expresidente del Fórum de Periodistas de Panamá, manifestó que “es una flagrante violación a las normas del Código Civil, según el cual todo notario debe tener una copia del protocolo”.
Mientras tanto, la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia Esmeralda Arosemena de Troitiño manifestó que las declaraciones de bienes patrimoniales deben evitar el enriquecimiento ilícito.
“Si no se dan a conocer, poco se sabrá con qué entró y salió cada magistrado”, afirmó.
“La norma es clara en base a que ningún funcionario del Órgano judicial debe dedicarse a negocios comerciales o a la actividad privada.
¿Cómo verificamos eso?, a través de la declaraciones de bienes patrimoniales”, agregó.
El abogado constitucionalista Miguel Antonio Bernal dijo que hay que reclamarle una respuesta a Chen. También sugirió que se le exija a la Contraloría General, a cargo de Gioconda Torres de Bianchini, que entregue una copia del estado de bienes del magistrado de la Corte.
Invocando la Ley 6 de 2002, conocida como ley de Transparencia, La Prensa le solicitó a Torres de Bianchini la declaración de bienes patrimoniales del expresidente de la CSJ.
El Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo a la Ley 59, también tiene la potestad de solicitarle a la notaría copia autenticada de la declaración patrimonial.
Este medio intentó contactar a Tania Chen para que explicara sobre el paradero del protocolo que contiene la declaración de Moncada Luna y confirmar si, en efecto, ella fue la que envió la misma a la Contraloría. Sin embargo, no respondió a las llamadas telefónicas efectuadas. Tampoco contestó los correos electrónicos enviados.
Eduardo Mendoza
