La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó ayer la separación del cargo de la defensora del Pueblo, Patria Portugal, tras aceptar la acusación por peculado que le hizo el Ministerio Público por la firma, supuestamente irregular, de un contrato por $250 mil con la empresa Imaginarium Studio, S.A.
En la audiencia, el magistrado José Ayú Prado, que actuó como juez de garantías, impuso a Portugal una medida de país por cárcel.
La procuradora, Ana Belfon, tiene ahora dos meses para investigarla.
En tanto, Javier Mitil, defensor del Pueblo adjunto, asumirá hoy la titularidad de la institución mientras se completen los respectivos procesos legales, de acuerdo con una resolución de la Asamblea Nacional.
“Había que separarla porque se pudieran estar contaminando las pruebas”, manifestó Mitil.
Después que se divulgara la decisión de Ayú Prado, funcionarios de confianza de Portugal entraban y salían ayer de su despacho en la Defensoría, el cual Mitil ordenó vigilar.