Corte Centroamericana evaluará daño ambiental de carretera costarricense

El presidente de la CCJ, Francisco Lobo, añadió que el organismo se trasladará a las riberas del Río San Juan para conocer los daños "directos" por la construcción de la carretera.

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MANAGUA, Nicaragua.(Xinhua).-La Corte Centroamericana de Justicia (CCJ) dijo este martes que se constituirá en pleno en el Río San Juan el próximo 12 de enero para conocer los daños de carácter ambiental asociados a la construcción de una carretera costarricense. 

El anuncio fue hecho por el presidente de la CCJ, Francisco Lobo, quien añadió que el organismo se trasladará a las riberas del Río San Juan para conocer los daños "directos" por la construcción de esa carretera en el margen derecho del afluente natural. 

La medida atiende una denuncia de hechos interpuesta por organizaciones ambientalistas nicaragüenses, según la cual se perpetran daños ecológicos por la construcción de esa autopista costarricense. 

En declaraciones difundidas este martes en el portal gubernamental El 19 digital,Lobo confirmó que admitieron la demanda de las organizaciones ambientalistas nicaragüenses, que será notificada al gobierno de Costa Rica.

Costa Rica tendría una vez notificada, diez días hábiles para responder ante la Corte. dijo Lobo. En caso contrario, ese país "sería declarado como Estado Rebelde".

Añadió que por el momento admitieron la demanda de las organizaciones ambientalistas nicaragüenses, pero no dieron órdenes consistentes en medidas cautelares, como la suspensión de la obra.

"Costa Rica tiene el derecho de probar y de defenderse, y si desea comparecer bienvenida, pero vamos a consignar por escrito las pruebas oportunas", apuntó Lobo.

Costa Rica no tiene designados magistrados en la CCJ, pero según Lobo, ésta ratificó el Protocolo de Tegucigalpa, que crea ese tribunal regional."Ese Tratado Internacional da facultades jurisdiccionales a la Corte de carácter obligatorio", precisó.

Añadió que una sentencia favorable a los demandantes obliga al acatamiento del dictamen, pero su incumplimiento deja en los presidentes centroamericanos la decisión de dictar medidas para "ejecutar" el fallo.

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