El gobierno de Costa Rica presentó este jueves a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una propuesta de decreto ejecutivo para habilitar la técnica de la fertilización in vitro, la cual describió como un "avance" en el cumplimiento de la sentencia de esa entidad emitida en 2012.
El gobierno costarricense debió comparecer ante la CorteIDH, con sede en San José, para dar cuenta sobre el incumplimiento de la sentencia en el caso "Artavia Murillo y otros vs Costa Rica", en el que parejas que padecen infertilidad reclaman la imposibilidad utilizar la técnica de fertilización in vitro en el país para tener hijos.
Esta técnica de reproducción asistida quedó prohibida en Costa Rica en el año 2000 por una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que durante el proceso de fertilización se desechaban algunos embriones y que estos se consideran vidas humanas bajo la ley costarricense.
Sin embargo, la CorteIDH rechazó esta tesis y ordenó a Costa Rica tomar las medidas necesarias para rehabilitar la práctica de la fertilización in vitro en el país, de manera tal que la Caja Costarricense del Seguro Social (Ccss) garantice a toda la población la posibilidad de acceso a este método.
Antes de la audiencia, el presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, encabezó un acto para presentar una propuesta de decreto ejecutivo para que en un plazo de dos años, la CCSS ofrezca gradualmente la posibilidad de realizar fertilización in vitro en el país.
Esta propuesta, que se encuentra en consulta ante la seguridad social y el Colegio de Médicos, establece que para la aplicación de la técnica se pueden implantar un máximo de dos óvulos fecundados y la prohibición para que puedan ser desechados, comercializados, clonados o destruidos.
La norma solo establece como requisito para acceder a la fecundación asistida el que la mujer sea mayor de edad y que se haya comprobado su infertilidad por un dictamen médico, lo que deja la puerta abierta a que mujeres solteras y homosexuales puedan utilizarla.
Durante la audiencia, el director jurídico de la Casa Presidencial de Costa Rica, Marvin Carvajal, dijo que los jueces de la CorteIDH que esta propuesta de decreto es una "muestra de buena fe" sobre el deseo de cumplir lo dispuesto en la sentencia del 2012.
Carvajal explicó las dificultades que existen en la Asamblea Legislativa para habilitar la fertilización in vitro por medio de una ley, dada la oposición de diputados de corriente cristiana-evangélica, quienes consideran que la técnica atenta contra la vida humana.
Los abogados de las parejas afectadas por la prohibición señalaron que si bien la propuesta de decreto es un avance, corre el riesgo de ser impugnada ante la Sala Constitucional, que no ha variado sus criterios al respecto.
Huberth May y Boris Molina, abogados de las víctimas, solicitaron a la CorteIDH que establezca un plazo de 90 días para que la Asamblea Legislativa apruebe una ley que cumpla con los principios desarrollados en la sentencia.
"El incumplimiento de esta sentencia tiene el rosto de personas de carne y hueso, personas que conozco bien desde hace muchos años y han sufrido la imposibilidad de ser padres por culpa de un Estado ineficiente y negligente", recriminó Molina en su alocución.