La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (o pesca INDNR, como se denomina el problema en el argot ambiental) tiene un alto impacto en el ecosistema, pero también genera consecuencias económicas, sociales y hasta culturales, según los informes de las organizaciones encargadas de fiscalizar la industria pesquera.
¿A cuánto ascienden las cifras de la pesca INDNR en Panamá? El informe de 2014 señala que las autoridades (Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Autoridad Marítima de Panamá y la Comisión de Pesca INDNR, entre otras) decomisaron en el Pacífico panameño más de 16 mil libras de marlín, cerca de 11 mil libras de pez dorado, 4 mil libras de tiburón, 400 libras de cambute y casi 200 libras de cherna, entre otras especies como atún, sardina, langosta y langostino, de acuerdo con un comunicado de la fundación MarViva Panamá.
El cambute registrado fue capturado ilegalmente porque se encontraba en periodo vigente de veda y las demás especies del informe fueron capturadas contraviniendo normas que abarcan el empleo de artes ilegales de pesca, actividad en áreas restringidas e, incluso, pesca sin autorización, detallan Nikolas Sánchez, gerente de incidencia política, y Juan Posada, gerente de ciencias, ambos de fundación MarViva Panamá.
Al carecer de control, esta pesca afecta a las poblaciones de peces que requieren, según su especie, de diferentes ciclos de recuperación de crías, indican.
Y fuera del daño al ecosistema, la pesca INDNR tiene más alcance: influye directamente en el manejo pesquero racional, distorsiona la competencia, perjudica a los pescadores legales y afecta las comunidades costeras, especialmente en los países en desarrollo, donde dependen de esta actividad, como informó la Comisión de Pesca y Asuntos Marítimos de Unión Europea, destaca el comunicado.
Las capturas de especies en grandes volúmenes son el resultado de varios tipos de pesquerías, señala Sánchez. “En este momento se está desarrollando un procedimiento que permita la identificación plena del tipo de usuarios del cual proviene el impacto sobre los recursos al momento de incurrir en la pesca ilegal. Esta identificación plena permitirá hacer el acercamiento prioritario conforme a las necesidades que existen en la atención del flagelo de la pesca INDNR”, explica.
Esta situación “demanda mayor fiscalización de la actividad pesquera, y aquella que no logra ser inspeccionada va a ir en detrimento del monitoreo de especies capturadas, que es necesario para que las instituciones del Estado y/o los centros de investigación puedan dar seguimiento al nivel real de explotación de los recursos pesqueros y con base en esa información establecer recomendaciones apropiadas para su manejo sostenible”, comenta Posada, y destaca que el asunto se torna “mucho más dramático para el caso de las especies amenazadas de extinción, pues allí la actividad de extracción y comercialización se realiza totalmente a espaldas de la fiscalización y de manera furtiva, lo cual imposibilita dar seguimiento al estado de sus poblaciones”.