La Red Ciudadana Urbana protestará en las inmediaciones del Palacio Municipal Demetrio H. Brid, en San Felipe, para exigir a los representantes de corregimiento del distrito de Panamá y a la Alcaldía que hagan cumplir las leyes.
Esta organización acompañará a residentes de El Carmen, en Bella Vista, quienes se oponen a que se le otorgue permiso de ocupación al edificio Scala, por violar la normativa de estudios ambientales.
RED EXIGE ACCIONES AL CONSEJO MUNICIPAL
Las 35 comunidades que forman parte de la Red Ciudadana Urbana hicieron un llamado ayer a los ediles del distrito de Panamá y a las autoridades de la alcaldía capitalina para que no concedan el permiso de ocupación al proyecto P.H. Scala, ubicado en Bella Vista.
El 18 de agosto pasado, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia anuló las dos resoluciones de los estudios de impacto ambiental aprobadas para la construcción de este inmueble de 20 pisos.
No obstante, los miembros de la comisión de Asuntos Legales del Consejo Municipal de Panamá aprobaron una resolución para que la Dirección de Obras y Construcciones de la Alcaldía evalúe si otorga el permiso de ocupación a los responsables de la obra. De hecho, esta propuesta será sometida a votación hoy por el pleno de ese gobierno local.
A raíz de esto, la Red consideró que esta es una oportunidad para que se siente un “precedente histórico” sobre el cumplimiento de las leyes de urbanismo. “Se debe impedir que los intereses mezquinos y personales prevalezcan sobre la mayoría”, dijo la Red en una nota.
Para la presidenta de la Red Ciudadana, María Chávez, desde hace varios años los residentes de El Carmen se oponen a la construcción del edificio, que hace poco fue terminado.
Los miembros de esta organización ciudadana acompañarán hoy a los residentes afectados, quienes protestarán en las inmediaciones del Palacio Municipal Demetrio H. Brid.
Mientras, familias que compraron apartamentos en el inmueble también anunciaron que se manifestarán para exigir que les permitan ocupar sus viviendas.
Sobre este tema, el director de Obras y Construcciones de la Alcaldía, Antonio Docabo, envió consultas a la Procuraduría de la Administración, con el objetivo de despejar las dudas sobre el tema. Es decir, saber cómo proceder y conocer cuál es el alcance del fallo.
Según el alcalde José Isabel Blandón, la legalidad del permiso de construcción queda en entredicho cuando se declara ilegal el estudio de impacto ambiental.