Una denuncia contra el ministro de Ambiente, Emilio Sempris, presentó el abogado Héctor Huertas en representación del cacique general del Congreso de Tierras Colectivas de la comarca Wounaan, Elibardo Membache, por el delito de abuso de autoridad, respecto al trámite de titulación colectiva de las comunidades de Pijibasal, Bajo Lepe y otras que se tramitan ante la Dirección Nacional de Tierras Indígenas de la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) y que se encuentran detenidas en su despacho por más de dos años.
La denuncia, según explicó Huertas, fue presentada ante la Procuraduría General de la Nación el pasado 2 de febrero.
Los wounaan reclaman la titulación de las tierras colectivas en áreas protegidas, un compromiso que fue acordado con el gobierno del presidente Juan Carlos Varela.
“El Gobierno se comprometió con titularnos las tierras y, al no cumplir, nos vemos obligados a presentar una denuncia contra Sempris. Vemos que se ha ido dilatando el asunto, y el ministro no le ha tomado importancia y se está aumentando la deforestación y la invasión porque no se ha definido la titulación... ”, explicó Membache.
En la denuncia se plasma que las comunidades indígenas emberá y wounaan tienen los derechos de propiedad colectiva reconocidos por la Constitución en el Artículo No. 127 y que se desarrolló a través de la Ley No. 72 de 2008, esta ley es reglamentada por el decreto ejecutivo 223 de 2010.
Agregó que las tierras indígenas, así como las que se denominan estatales o que pertenecen al Estado, tienen igual consideración constitucional, por lo que de acuerdo con la ley y el decreto, cuando las solicitudes de títulos traslapan con áreas protegidas, se requerirán acuerdos con el Ministerio de Ambiente sobre planes de desarrollo comunitario y se emitirá un visto bueno.
En ese sentido, Membache dijo que desde octubre de 2015, la Dirección Nacional de Tierras Indígenas de la Anati le remite al Ministerio de Ambiente el visto bueno que establece la ley, el cual lo mantiene congelado, suspendido y retardado, rehusando y omitiendo de esa forma su deber de cumplir con la ley, violando de forma ilegal la misma.
Aseguró que agotarán todas las vías legales en el país. De no surtir efecto estas denuncias, presentarán un recurso ante la Comisión de Derechos Humanos.
Este medio llamó, en reiteradas ocasiones, al ministro Sempris, pero no respondió.