La Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió provisionalmente la Resolución No. 020 de 23 de mayo de 2012 emitida por la Autoridad de Recursos Acuáticos (ARAP), que disminuía el costo de los permisos para la explotación comercial de los manglares.La resolución reducía el monto del permiso de tala de mangle –para dar paso a proyectos comerciales– de $150 mil a $10 mil por hectárea. También disminuyó las multas y sanciones por la tala ilegal de manglar de $300 mil a $40 mil.En su momento, la emisión de ese documento fue bastante cuestionada por organizaciones ambientales como la Fundación MarViva, Sociedad Audubon de Panamá y el Centro de Incidencia Ambiental.No obstante, en ARAP defendieron la medida señalando que con las tasas vigentes en 2012 solo podían explotar comercialmente los manglares aquellos inversionistas que pertenecían a grandes grupos económicos. Incluso, según esa entidad, eso limitaba la incursión de potenciales negociantes con menos recursos y originarios de las comunidades donde se encontraban los mangles.
Conforme a la decisión de la Sala Tercera “el hecho de que las multas a imponer como sanción a la tala ilegal de manglar se hayan rebajado de esta vertiginosa manera, efectivamente podría atentar contra el medio ambiente”.
El fallo explica que los manglares son vitales para la biodiversidad por ser áreas de protección de los ecosistemas acuáticos.
El magistrado ponente Luis Ramón Fábrega señala en el documento que “los manglares constituyen amortiguadores a lo largo de la costa, protegen el litoral, las cosechas y los poblados de las inundaciones durante las tormentas”.
La demanda está pendiente de resolver.
APLAUDEN DECISIÓN
Tras conocer la decisión judicial, organizaciones ambientales calificaron como “positivo” lo actuado por la Sala Tercera de la Corte.
Rosabel Miró, directora de la Sociedad Audubon, señaló que con ese fallo la CSJ “renueva” la posición de que los manglares son importantes para Panamá.
“Eso significa que hay un reconocimiento por parte de las autoridades judiciales de que estos sitios tienen un gran valor y si se dañan hay que compensarlos”, acotó.
Para Miró, el apoyo y las campañas de varias organizaciones en estos dos años logró que los magistrados “tomaran conciencia” sobre la gran función que ejercen estos ecosistemas en las zonas marinas.
De hecho, grupos de pescadores también rechazaron la resolución de la ARAP de 2012, por considerar que les afectaba su actividad.
Por su parte, Harley Mitchell hijo, ambientalista y exdirector de Legal de la Autoridad Nacional del Ambiente (Anam), indicó que ahora le corresponde a las autoridades poner al tanto a la población y comerciantes sobre cuáles son las multas y por daño a los manglares.
Además hizo un llamado a los magistrados de la Sala Tercera con el fin de que devuelvan la categoría de área protegida a la reserva de Donoso, la cual fue suspendida provisionalmente en 2012.
Mirei Endara, administradora de la Anam, subrayó que toda decisión que beneficie al medio ambiente es bien recibida. “Todos conocemos los beneficios de los manglares para nuestra costas ”, concluyó.
(Con información de Rubén Polanco)