La Fiscalía Especial Anticorrupción, a cargo de Ruth Morcillo, confirmó que está en proceso de imputación de cargos a personas presuntamente vinculadas con la afiliación irregular de extranjeros a la Caja de Seguro Social (CSS) para procesos migratorios.
Se estarían imputando varios cargos, entre ellos, por la supuesta comisión de delitos contra el patrimonio económico en perjuicio del Seguro Social.
La investigación surge luego que La Prensa revelara cómo grupos criminales –integrados por particulares, abogados y servidores del Estado– lucraron con la venta de afiliaciones a venezolanos, nicaragüenses, colombianos y ciudadanos de otras naciones.
Varios extranjeros denunciaron la participación de funcionarios de la CSS, del Servicio Nacional de Migración y de la Dirección General de Ingresos, quienes habrían utilizado sus cargos para facilitar trámites migratorios fraudulentos a cambio de miles de dólares.
El trabajo de campo realizado por este medio demostró que 60 de las 150 sociedades que detectó la CSS con afiliaciones irregulares no tienen oficina ni personal, aunque reportan operaciones desde apartamentos o residencias.
Se trata de empresas inoperantes o morosas con la entidad de salud, que lograron engañar por años a las autoridades.