Representantes de Uber exhortaron públicamente al presidente de la República, Juan Carlos Varela, a que reconsidere el Decreto Ejecutivo 331, emitido el 31 de octubre pasado, mediante el cual se busca regular este tipo de plataformas tecnológicas.
A través de un escrito dirigido al gobernante Varela, el gerente general de Centroamérica, Andrés Echandi, y la gerente de operaciones, Thelma Britton, manifestaron que dicho decreto, "lejos de apoyar la movilidad y la inclusión de las tecnologías para facilitar la vida de los ciudadanos", crea "barreras y burocracia innecesaria", contrario a las tendencias mundiales sobre la regulación de este tipo de plataformas.
Los representantes de la compañía afirmaron que el servicio de movilidad colaborativa "debe ser para todos y estar al alcance de todos, en todos lados".
Por ello, expresaron estar en contra de cualquier principio que excluya y cree categorías de personas que pueden o no utilizar un servicio determinado.
"A partir del próximo 31 de diciembre, 7 mil 200 personas, que representan el 90% de la cantidad de socios conductores, de los cuales el 93% es panameño, no podrán continuar generando ingresos y apoyando a sus familias, pues no cuentan con la licencia especial requerida, que solo añade trámites burocráticos, pero no de calidad", estimaron.
De igual forma, se refirieron al artículo 9 del Decreto 331 que establece que para ser parte de las plataformas no se debe haber acumulado más de 35 puntos. En ese sentido, indicaron que, en el caso de Uber, el estándar es no haber acumulado más de 15 puntos por cualquier tipo de licencia. "En esencia, esta norma no cumple con los objetivos de seguridad para la cual fue creada", indica el escrito.
Reiteraron asimismo que más de 100 mil usuarios actuales no podrán utilizar el servicio, ya que deciden pagar en efectivo. Esto, porque los viajes en efectivo representan el 52% de los viajes de los socios conductores que también verán afectados sus ingresos en esta misma proporción. Esto, luego de que el citado decreto estableciera que el cobro por la prestación de este servicio –que solo podrá ofrecerse en las provincias de Panamá Oeste, Panamá, Colón y Coclé– tendrá que ser de forma electrónica, es decir, con tarjeta de crédito.
De acuerdo con el Decreto Ejecutivo 331, se creará un servicio de transporte de lujo ofrecido a través de tecnologías de la información y comunicaciones, denominado TIC, y los vehículos que formen parte de ese sistema deberán estar registrados en un listado.
Respecto a las regulaciones para los conductores, se dispone que deben ser panameños, mayores de 21 años de edad, contar con una licencia de conducir tipo E1 –otorgada después de tener como mínimo dos años de experiencia con licencias tipo C o D– y además presentar su récord policivo.
Para los vehículos que sean utilizados en este servicio también fueron fijados algunos parámetros, entre estos, tener una capacidad máxima de siete puestos, estar en buenas condiciones y su antigüedad no podrá superar los siete años.
Además, estos vehículos deben contar con un seguro comercial y, en el caso en que se reporte un hecho de tránsito y el vehículo en mención no tenga uno, la empresa tecnológica deberá hacerse responsable de los costos que se generen.
