Panamá comenzó el proceso para unificar los servicios de salud del Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS). El objetivo declarado es eliminar duplicidades, optimizar recursos y garantizar una atención médica más equitativa, aunque expertos advierten sobre riesgos financieros y legales.
El 26 de noviembre de 2025 se dio el primer paso formal con el Decreto Ejecutivo N.º 26, que creó la Comisión de Integración de los Servicios Públicos de Salud, adscrita al Minsa. Está integrada por representantes del Minsa, la CSS, los ministerios de la Presidencia y de Economía y Finanzas, y los patronatos. Cada miembro tiene un suplente, y la comisión puede operar con una Secretaría Ejecutiva.
El artículo 142 de la Ley 462, de marzo de 2025, establece que Minsa y CSS deben coordinar y unificar funcionalmente sus servicios, sin afectar la autonomía financiera de la CSS, y realizar acciones conjuntas en un plazo no mayor de seis meses desde la entrada en vigencia de la reforma.
Qué cambiará para los pacientes
Aunque la integración aún no se ha concretado, se proyecta que servicios antes independientes —hospitales, clínicas, laboratorios y especialidades— puedan coordinarse.
Un paso concreto es el Plan de Integración de Servicios de Salud para el VIH, lanzado el 1 de diciembre. Este plan unifica prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento bajo protocolos comunes, asegurando acceso gratuito y continuo para todos los pacientes, sin importar si son atendidos por Minsa o CSS.
El director de la CSS, Dino Mon Vásquez, destacó que “el sistema debe ser más que un proveedor de citas y medicamentos; debe acompañar al paciente y evitar que tenga ‘dos puertas’ de acceso según su afiliación.”
Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, señaló que existen desafíos como interrupciones logísticas, inequidades en el acceso y una respuesta fragmentada entre subsistemas de salud. La integración busca garantizar que toda la población tenga acceso integral sin discriminación.
Ambos coincidieron en que los costos de atención de pacientes no asegurados no se trasladarán a la CSS; cada institución asumirá los gastos de los pacientes que atienda.
Críticas de gremios médicos
Algunos sectores del gremio médico han expresado preocupación. La Asociación de Médicos Especialistas del Hospital Santo Tomás (Amehst) advirtió que los fondos de la CSS provienen de los cotizantes y no deberían financiar la atención de personas no aseguradas sin representación equitativa en la comisión.
A esta preocupación se suma la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales Afines de la CSS (Amoaccs), que el 3 de diciembre rechazó la propuesta de integración. Según el gremio, la medida:
Representaría una carga financiera injusta para los trabajadores cotizantes.
No resolvería los problemas estructurales del sistema.
Podría afectar la autonomía financiera de la CSS y vulnerar disposiciones legales vigentes.
El gremio médico rechaza enérgicamente las pretensiones de usar los recursos de los asegurados para cubrir deficiencias del Minsa. De concretarse, sería la “crónica de una muerte financiera anunciada”.
Por qué importa esta integración
Panamá ha operado históricamente con dos subsistemas paralelos: el público estatal (Minsa) y el de seguridad social (CSS), generando duplicidades, infraestructuras subutilizadas y gastos redundantes.
Con la integración se espera optimizar recursos económicos, humanos y logísticos, mejorar la cobertura, reducir la mora quirúrgica y ampliar el acceso a especialidades y tratamientos, especialmente en áreas con vacíos de atención.
La integración Minsa‑CSS está en proceso, con metas claras de eficiencia y equidad en la salud pública panameña. Su éxito dependerá de la transparencia, la gestión equilibrada de recursos y la supervisión constante, así como de la participación activa de los actores involucrados, para garantizar que los beneficios lleguen efectivamente a toda la población.
La integración entre ambas entidades representa un proyecto ambicioso para unificar los servicios de salud en Panamá, mejorar la cobertura y optimizar recursos. Sin embargo, los retos son evidentes: desde la sostenibilidad financiera hasta la participación de los asegurados y la resolución de inequidades históricas.
El futuro del sistema dependerá de cómo se implementen estas medidas, del equilibrio entre eficiencia y protección de los cotizantes, y del seguimiento constante para que los beneficios lleguen efectivamente a toda la población. Por ahora, el país observa con atención cómo se desarrollará este proceso que busca transformar la atención médica pública.
