Las reformas al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE), implementadas por la ministra de Educación, Lucy Molinar, que reducen los fondos destinados a las escuelas rurales y a los estudiantes con discapacidad, mediante el Decreto Ejecutivo No.144, emitido el 4 de diciembre de 2024 por el Ministerio de Salud (Meduca), profundizan la brecha de inequidad en el acceso a una educación digna.
Así lo plantea Luis Sánchez, presidente de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), quien advierte que, si este cambio no se revierte para 2025, el panorama educativo será alarmante, con un abandono escolar masivo, mayor deterioro de infraestructuras y un aumento de la brecha educativa.
Anteriormente, las escuelas rurales recibían $100 por estudiante, y aquellas con estudiantes con discapacidad obtenían $150 por alumno. Con las modificaciones, ambos grupos recibirán solo $60 por estudiante, lo que ignora las necesidades específicas de estas comunidades educativas. Este recorte pone en peligro la operatividad de los centros educativos vulnerables, señala Sánchez.
Puso como ejemplo que, en la escuela Cascabel, en la comarca Ngäbe Buglé, antes de la reforma recibían $40,000 anuales para 400 estudiantes, pero con la modificación solo serán $24,000, lo que traerá como consecuencia que los estudiantes seguirán tomando clases en pasillos y aulas improvisadas, sin reparaciones ni mejoras para 2025.
Otra organización que ha mostrado su preocupación por esta modificación es Jóvenes Unidos por la Educación, quienes exigen la revisión y reconsideración del Decreto Ejecutivo No.144.
En un comunicado de prensa, Jóvenes Unidos por la Educación destacó la urgencia de implementar de manera efectiva el Sistema Integral de Mejoramiento de la Educación, así como la necesidad de avanzar en la descentralización educativa.
Asimismo, pidieron desburocratizar el FECE para agilizar la gestión de los recursos en los centros educativos, permitiendo que las escuelas puedan cubrir necesidades básicas como mantenimiento, alimentación e infraestructura. Esta demanda responde a la creciente preocupación por la falta de servicios esenciales, como baños funcionales y la reparación de infraestructuras, que afectan la calidad de vida y el aprendizaje de los estudiantes.
