La alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, se pronunció la mañana de este 14 de enero y expresó su preocupación e incomodidad ante la reciente decisión del Gobierno Nacional de autorizar a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a asumir el control del servicio de recolección de basura en el distrito, al considerar que se trata de una medida improvisada que desconoce el trabajo técnico y la planificación desarrollados por el municipio.
Hernández defendió su gestión e indicó que nada ha sido improvisado, ya que el Municipio de San Miguelito se encuentra actualmente en un proceso de licitación pública para la nueva concesión del servicio de recolección de desechos del distrito. Añadió que, mientras se completa dicho proceso, el Concejo Municipal aprobó la contratación de tres empresas por un monto de 3.8 millones de dólares para brindar el servicio durante un período de seis meses.
Agregó que estos contratos, aprobados por el Consejo Económico Nacional (CENA), solo estaban a la espera del refrendo de la Contraloría General de la República desde diciembre del año pasado.
Ante este escenario, la alcaldesa solicitó públicamente al presidente de la República, José Raúl Mulino, que derogue la resolución que otorga el control del servicio a la AAUD y que se proceda de inmediato con el refrendo de las tres empresas aprobadas, a fin de que el municipio continúe con el modelo de gestión integral de residuos planificado. Asimismo, advirtió que, de producirse una nueva crisis de basura en el distrito después del 18 de enero, la responsabilidad recaería en la Autoridad de Aseo.
La alcaldesa también reveló que, durante el proceso de licitación, recibió el pasado 4 de diciembre una llamada del contralor general de la República, Anel Flores, solicitándole una reunión con la dueña de la empresa Revisalud, cuyo contrato vence el próximo 18 de enero, situación que cuestionó desde el punto de vista ético y del respeto al debido proceso administrativo.
“El día 4 de diciembre, el contralor me llamó para solicitarme una reunión con la dueña de la empresa Revisalud, con el fin de escuchar sus consideraciones. Y yo me pregunto si eso es parte del debido proceso, si es lo correcto y si es ético”, señaló Hernández.
Además, cuestionó, “¿Cuáles son los intereses detrás de sostener una reunión como esta por parte de la Contraloría? Y, sobre todo, me pregunto si esto tiene que ver con que, al día de hoy, no tengamos refrendadas las tres empresas que ya fueron aprobadas por el Consejo Económico Nacional para iniciar operaciones el 19 de enero”.
El problema de la basura ha sido identificado como la principal preocupación de los residentes del distrito desde hace más de tres años. Según la autoridad local, desde julio de 2024 el municipio conformó un equipo técnico especializado para fiscalizar a la concesionaria, aplicar sanciones, promover el reciclaje, realizar visitas a centros educativos y establecer alianzas con la empresa privada, como parte de un modelo de gestión integral de residuos.
De acuerdo con la alcaldesa, el municipio diseñó y comunicó con anticipación un nuevo esquema de recolección, basado en zonas definidas y en un sistema sostenible de manejo de residuos, el cual está contemplado en el plan municipal publicado desde hace dos años. Asimismo, destacó que se encuentra en curso una licitación para una nueva concesión, cuyas propuestas están siendo evaluadas por la comisión correspondiente.
Otro de los cuestionamientos planteados es qué ocurrirá con las tres empresas autorizadas por el CENA para garantizar la continuidad del servicio a partir del lunes 19 de enero. Hernández aseguró que dichas empresas ya realizaron inversiones, contrataron personal, alquilaron equipos y patios, y coordinaron rutas con las juntas comunales y la alcaldía, quedando pendiente únicamente el refrendo de la Contraloría.
La alcaldesa criticó que la resolución publicada recientemente ignore ese trabajo previo y genere incertidumbre entre los residentes, al no aclarar aspectos clave como el monto de la tasa de aseo, los mecanismos de cobro, las empresas que prestarían el servicio y si la intervención de la AAUD será temporal o permanente. A su juicio, se trata de una imposición que vulnera la autonomía municipal y el debido proceso.
Finalmente, Hernández indicó que el municipio evalúa posibles acciones legales y reiteró que San Miguelito “merece respeto, soluciones planificadas y un servicio de aseo eficiente que responda a las necesidades reales de sus vecinos”.
