El foam está en todas partes. Basta recorrer un río, una playa o incluso una calle después de la lluvia para encontrarlo. Este tipo de plástico, ampliamente utilizado en Panamá, se ha convertido en uno de los residuos más visibles del país y, al mismo tiempo, en un símbolo de un problema que sigue sin resolverse: cómo reducir la contaminación sin que las soluciones se queden en el papel.
En ese contexto, organizaciones ambientales solicitaron al presidente José Raúl Mulino vetar el proyecto de ley 544, aprobado recientemente en tercer debate por la Asamblea Nacional.
La iniciativa, propuesta por el diputado del partido Cambio Democrático Carlos ‘Tito’ Afú, regula la importación y producción de poliestireno expandible y extruido (EPS/XPS) biodegradable para alimentos.
El pedido no es menor. Detrás están organizaciones ambientales como Marea Verde, Adopta Bosque Panamá, MarViva y el Centro de Incidencia Ambiental, entre otras, que coinciden en un señalamiento: la ley no elimina el foam, sino que permite seguir utilizándolo bajo una nueva etiqueta, la de “biodegradable”.
Para estas organizaciones, incorporar aditivos al material no garantiza una solución real y, por el contrario, puede generar una falsa sensación de avance. “El problema no se resuelve solo recogiéndolo. Para enfrentar esta contaminación es vital evitar su uso desde el origen”, indicaron en un pronunciamiento conjunto.
Además, advierten que apostar por materiales modificados puede desviar la atención de medidas más directas, como reducir el consumo, promover envases reutilizables o adoptar alternativas que ya existen en el mercado y generan menor impacto ambiental.
Esa apertura es la que mantiene el debate. Para las organizaciones, el problema no está solo en la norma, sino en la capacidad del país para aplicarla. Panamá, advierten, aún no cuenta con la infraestructura necesaria —como plantas de compostaje industrial o sistemas de verificación técnica— que permita asegurar que estos materiales realmente se degraden en condiciones locales.
Sin esas condiciones, el riesgo es que el llamado foam “biodegradable” termine en los mismos ríos, costas y espacios naturales donde hoy se acumula el material convencional. “Cambiarle el nombre no cambia el problema”, han insistido.
A esto se suma otra preocupación: lo que ocurre con estos plásticos fuera de entornos controlados. Algunos expertos han advertido que, en lugar de descomponerse completamente, pueden fragmentarse en partículas más pequeñas, lo que contribuiría a la presencia de microplásticos en el ambiente. Este fenómeno ya es considerado un problema creciente por sus efectos en la fauna, los ecosistemas y, potencialmente, en la salud humana.
También persisten dudas sobre los aditivos utilizados para lograr esa supuesta biodegradabilidad. Las organizaciones piden mayor claridad sobre su composición, su comportamiento en condiciones reales y sus posibles efectos a largo plazo. Insisten en que cualquier cambio en la normativa debe estar respaldado por evidencia científica y acompañado de controles que realmente se puedan aplicar.
Con el proyecto ya aprobado en tercer debate, la decisión queda ahora en manos del Ejecutivo. El presidente deberá definir si sanciona o veta la ley, en un momento en que el debate sigue abierto y con posiciones claramente marcadas.
Lo que está en juego va más allá del foam. La discusión vuelve a poner sobre la mesa cómo el país enfrenta el problema de los residuos plásticos y si las medidas que se adoptan apuntan a reducirlo de fondo o a modificarlo sin cambiar su impacto real.
