Cintas rojas marcan el destino de más de 600 puestos a lo largo de la Vía España, algunos de los cuales están ocupando la servidumbre en el tramo entre la avenida Porras y la vía Cincuentenario. Locales comerciales, fondas, quioscos de artesanías y la emblemática vereda afroantillana forman parte del área señalada para su remoción, como parte del proyecto de ampliación que impulsa el Ministerio de Obras Públicas (MOP). La obra, valorada en más de 80 millones de dólares, ha generado incertidumbre entre los comerciantes, quienes denuncian falta de diálogo y alternativas de reubicación.
Los locales que ocupan servidumbre pública y otros que son terrenos de propiedad privada están dentro del área de trazado del “Proyecto de Estudio, Diseño, Construcción y Financiamiento de la Ampliación de Carriles Exclusivos de MiBus en la Vía España”, que el MOP adjudicó al Consorcio C&T Vía España, conformado por Constructora Urbana, S.A. y Toronto Holdings.
La obra, adjudicada bajo la modalidad llave en mano, tiene un costo de 80 millones 113 mil dólares, más el financiamiento, cuyo monto no ha sido revelado por el MOP. El proyecto contempla una extensión de 5.4 kilómetros, que se ejecutará en el tramo comprendido entre la avenida Porras y la vía Cincuentenario, específicamente desde el cruce de la avenida Cincuentenario hasta la avenida Porras, entre los corregimientos de Río Abajo y Parque Lefevre, en el distrito de Panamá.
El anuncio de esta ampliación, que contempla la construcción de un carril exclusivo para el sistema de transporte público, ha encendido las alarmas entre los comerciantes. Más de 600 locales, según informaron los dueños de negocios, podrían verse afectados por un proceso de desalojo que, aseguran, se está ejecutando sin diálogo, sin estudios integrales y sin propuestas claras de reubicación o indemnización.
Según los afectados, la empresa contratista ha notificado mediante una carta de “Solicitud de Liberación de Servidumbre” que el lugar debe estar totalmente despejado a más tardar el 30 de marzo de 2026, bajo el señalamiento de que los comercios están asentados en servidumbre pública.
“Nos dan 30 días después de 15 y hasta 50 años aquí”
José Gabriel Dimas Bron, comerciante del sector, calificó la medida como “injusta y preocupante” y señaló que muchos de los negocios tienen décadas de funcionamiento.
“Las autoridades aparentemente nos han puesto un límite de 30 días a quienes tenemos aquí 15, 40 y hasta 50 años. Aquí no somos 10 o 20 comerciantes; estamos hablando de entre 600 y 800 dueños de locales, desde Cincuentenario hasta la avenida Porras. ¿Cómo van a sostenerse las personas que dependen de nosotros?”, cuestionó.
Los comerciantes aseguran que no se ha realizado un estudio social ni ambiental que mida el impacto real del proyecto. También expresan preocupación por el tiempo de ejecución de la obra y por la infraestructura que implicará el traslado de cables y servicios públicos.
“Esto no va a tomar tres años; va a tomar muchísimos más. ¿Qué vamos a hacer quienes hemos invertido todo aquí?”, manifestó Dimas.
Además, indicó que “no están ofreciendo opciones de reubicación, reconocimiento económico ni indemnización. Todos pagamos impuestos, declaramos renta y operamos de forma casi totalmente legal. Aquí nadie ha invadido nada”, sostuvo.
Los afectados también argumentan que el área tiene un valor cultural por la vereda de comida afroantillana y la herencia histórica del sector. Señalan que el terreno fue cedido por un ciudadano afroantillano, lo que, a su juicio, refuerza el valor del lugar.
Pequeños comerciantes tomarán acciones
Precisamente ayer, 3 de marzo, un grupo de comerciantes se reunió con asesores legales para presentar una demanda por estas acciones de desalojo. Además, han señalado que buscarán el respaldo de diputados para que se cite al ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, y se aclaren las interrogantes existentes.
José Luis Ábrego, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Productores y Expositores, señaló que durante más de 46 años se han dedicado a la venta de legumbres, frutas, artesanías y plantas. Sin embargo, no han recibido información oficial del MOP ni del Ministerio de Gobierno, pese a que han observado movimientos de demarcación, tala de árboles y actividades de campo sin comunicación previa, lo que ha generado incertidumbre sobre el impacto del proyecto en sus locales.
Los comerciantes reconocen que sus puestos y actividades están dentro de la servidumbre pública de la Vía España —espacio destinado a uso vial y de servicios—; sin embargo, reclaman que no se han considerado sus derechos ni se ha discutido una reubicación o compensación económica, pese a que muchos tributan al Municipio de Panamá y operan formalmente, pagando impuestos y servicios públicos.
“En 20 años cumplí pagando impuestos”
Una de las comerciantes afectadas es Leopoldina Acosta de Bedoya, quien manifestó que nunca se les informó que el permiso de ocupación del espacio fuera temporal, pese a tratarse de un área de servidumbre pública.
Asegura que durante más de dos décadas ha mantenido su negocio de venta de comida en el lugar y que siempre ha cumplido con sus obligaciones, incluido el pago de impuestos municipales, así como la tarifa de agua y la tasa de recolección de basura.
La incertidumbre del desalojo ha generado preocupación no solo entre los propietarios, sino también entre los trabajadores que dependen de estos negocios. En el caso de Leopoldina, dos personas laboran junto a ella, y teme que un cierre repentino los deje sin sustento.
A sus 66 años, sostiene que no le resulta fácil trasladar su fonda a otro punto en Río Abajo, por lo que considera que, de concretarse el desalojo, lo justo sería recibir una indemnización. Mientras tanto, continúan a la espera de una respuesta oficial que les brinde claridad sobre el futuro de sus negocios.
Consorcio ya cuenta con el aval del MOP
En tanto, el MOP, informó que la empresa contratista ya cuenta con la autorización de inicio de obra, lo que ha permitido comenzar los trabajos técnicos preliminares establecidos en el pliego de cargos.
En relación con los comercios y locales ubicados a lo largo de la ruta, la entidad indicó que la Vía España cuenta con una servidumbre vial de 40 metros, certificada por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), lo que permite una ampliación de hasta 20 metros desde el eje central de la vía actual.
Se indicó que los establecimientos que se encuentren dentro del área de intervención deberán iniciar un proceso ordenado de liberación de la vía, en coordinación con la institución. En su momento, la entidad iniciará el censo de estos comercios.
