Un anteproyecto que modifica y adiciona artículos a la Ley Orgánica de Educación, específicamente a la Ley 47 de 1946, fue presentado por la diputada independiente Alexandra Brenes en la Asamblea Nacional el pasado 25 de agosto, y está orientado al tema de los aumentos en las matrículas y mensualidades en los colegios particulares, entre otros aspectos.
La propuesta busca establecer un marco legal más claro, participativo y transparente para regular los incrementos en matrículas, mensualidades y cuotas en colegios particulares, y a su vez garantizar el derecho a la educación como un derecho humano fundamental.
En su sustentación, Brenes explicó que muchas escuelas públicas no cuentan con el apoyo, la inversión ni las condiciones necesarias por parte del Estado para suplir la demanda educativa. En este contexto, los colegios particulares cobran especial importancia porque complementan al sistema público y ofrecen diversidad pedagógica.
No obstante, tras la pandemia más de 33 mil estudiantes migraron de escuelas privadas al sistema público, evidenciando la presión económica sobre las familias.
Según Brenes, el anteproyecto surge ante el creciente malestar de los padres de familia por las alzas anuales en los costos escolares, sin justificación suficiente ni participación en la toma de decisiones.
De acuerdo con datos del Meduca, el 87% (944 mil) de estudiantes del país están en escuelas oficiales, mientras que entre un 12% y 13% (140 mil) asisten a centros privados, pese a los altos costos. Actualmente en Panamá hay registrados 536 colegios particulares.
La reforma de Brenes propone que los incrementos en los costos escolares solo puedan realizarse cada tres años y mediante consenso entre los colegios, los padres de familia y el Ministerio de Educación (Meduca). Además, se establece un procedimiento formal de consulta, justificación técnica y votación secreta, con supervisión de las autoridades educativas. También se prohíben las represalias contra estudiantes cuyos padres se opongan a los aumentos.
Con esta modificación, el documento destaca que “el Estado busca garantizar estabilidad financiera a las familias, fortalecer la corresponsabilidad en la gestión educativa y promover una educación más justa, transparente y participativa, en la que prevalezca el interés superior del menor”.
Protección al consumidor
Por su parte, la diputada independiente Yamireliz Yong presentó otra propuesta relacionada con este tema, específicamente sobre la “protección al consumidor en escuelas particulares”.
El anteproyecto de ley busca regular los contratos entre padres de familia y colegios particulares en Panamá, con el fin de garantizar mayor transparencia, equidad y protección al consumidor en la prestación del servicio educativo.
La iniciativa plantea dejar claro en los contratos de educación particular —considerados de adhesión y con carácter oneroso— que estos deben detallar la modalidad de enseñanza (presencial, semipresencial o virtual), el desglose de costos a lo largo de cada subsistema educativo y las medidas a aplicar en caso de que el servicio no pueda brindarse en las condiciones pactadas.
La propuesta también regula las llamadas “donaciones” que algunos colegios exigen para la inscripción, estableciendo que estas sean voluntarias, únicas, con monto límite y dirigidas exclusivamente al centro educativo. Asimismo, prohíbe la práctica de obligar a comprar uniformes, útiles o textos escolares en el propio plantel, reconociendo la potestad de los padres de presentar denuncias ante Acodeco en caso de ventas atadas.
Otro punto incluido es el transporte colegial, que deberá estar respaldado por un contrato con cláusulas claras sobre la prestación del servicio y el manejo de situaciones en que no pueda cumplirse lo pactado.
Con esta propuesta se busca reducir los conflictos recurrentes entre padres y proveedores del servicio educativo, garantizar relaciones contractuales claras y proteger el derecho fundamental a la educación de niños y adolescentes, en concordancia con la Ley 285 de 2022 sobre garantías de la niñez.
Según datos de la Acodeco, entre 2014 y 2024 la entidad impuso 272 sanciones a escuelas privadas, lo que representó más de $273,560 en multas. Mientras que en lo que va de 2025 (hasta julio) ya se habían registrado 51 denuncias y sanciones a tres colegios por un monto total de $2,300.
Por su parte, Edwin García, presidente de la Asociación Panameña de Colegios Particulares (APCP) indicó que la Cámara Nacional de Educación e Innovación y sus diferentes gremios que la integran estarán reuniéndose en los próximo días para analizar las dos anteproyectos relacionados con los colegios particulares y poder emitir una posición formal.
