El Ministerio Público confirmó la aprehensión de la abuela de un niño de 10 años que murió el pasado 10 de septiembre en Pedasí, provincia de Los Santos, como parte de una investigación por un presunto caso de maltrato infantil en perjuicio de sus nietos.
La mujer fue aprehendida la tarde de este 18 de septiembre en su residencia y deberá ser presentada ante un juez de control de garantías en las próximas horas, informó el Ministerio Público.
La investigación surgió tras la muerte del menor, un caso que generó preocupación entre vecinos de Pedasí, quienes asegurae el niño se habría suicidado tras sufrir presunto maltrato de manera constante.
Tras el fallecimiento, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf) informó que activó sus protocolos de protección y que los hermanos del menor quedaron bajo el cuidado de un referente familiar.
La directora general de la Senniaf, Lilibet Cárdenas, se trasladó a Pedasí junto con su equipo de trabajo para dar seguimiento al caso. Durante su visita acudió a la Casa de Paz y a la Personería, donde verificó si existían denuncias o alertas previas relacionadas con la situación del menor.
Cárdenas también acudió el centro educativo donde estudiaba el niño. Según la información recabada por la institución, en el entorno escolar tampoco se habían identificado señales o alertas que indicaran una posible situación de maltrato.
“Hay que avanzar en las investigaciones y esperar los resultados”, señaló Cárdenas, quien indicó que la Senniaf continuará con las averiguaciones correspondientes dentro de sus competencias.
La funcionaria también visitó a los tres hermanos del niño, quienes permanecen bajo el cuidado de una alternativa familiar, para conocer su situación y verificar que reciban el acompañamiento y la protección correspondientes.
Las diligencias buscan esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte del niño y determinar si existe alguna relación con el presunto maltrato infantil que es objeto de investigación.
La situación jurídica de la mujer será definida por un juez de control de garantías, quien determinará las medidas cautelares que correspondan.
