DAVID, Chiriquí. - El juez de garantías de Chiriquí, Wilbert Castillo, en audiencia de solicitudes múltiples realizada en la sede del Sistema Penal Acusatorio, decretó la medida cautelar personal de retención domiciliaria a una mujer de 38 años de edad, debido a que los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público fueron considerados mínimos para poder vincularla al delito contra la humanidad, en la modalidad de trata de personas con fines de explotación sexual de menores.
La Fiscalía Contra la Delincuencia Organizada anunció que apelará tal decisión y se dispuso una audiencia para el próximo 10 de febrero en el Tribunal de Apelaciones.
A esta mujer se le vincula en la red de trata de menores que fue desmantelada este jueves en el operativo “Luz de Esperanza”, el cual se llevó a cabo simultáneamente en comunidades de Costa Rica y Panamá, por autoridades policiales de ambos países.
En esta audiencia, que se realizó este sábado 5 de febrero de 2022, el juez de garantías fundamentó que la medida cautelar personal de retención domiciliaria es “la más idónea” debido a que la víctima menor de edad, en declaraciones, no vincula a la imputada al hecho delictivo, sino a una tercera persona.
A esta persona, se le otorgó una medida cautelar diferente a la detención provisional, lo que fue apelado por el Ministerio Público.
— Ministerio Público (@PGN_PANAMA) February 5, 2022
Previamente, el Juzgador legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos hecha por el fiscal Contra la Delincuencia Organizada de Panamá, Miguel Tuñón.
Mientras, la asistencia legal de la imputada estuvo a cargo del Defensor Público, René Iglesias, quien solicitó para su representada la medida cautelar de retención domiciliara.
La investigación por estos hechos surgió el pasado 16 de diciembre de 2021, cuando se detiene a una mujer en el sector de la comunidad de Balsa, en el distrito de Barú, por presuntamente prostituir a su hermana menor de edad.
La Fiscalía Contra el Crimen Organizado investigó y determinó que habían unos 10 menores víctimas de esta red, a quienes los trasladaban a territorio costarricense donde adultos presuntamente pagaban por favores sexuales. También hay evidencias de que se realizaban grabaciones de video donde están los menores de edad.
Por esta misma causa se encuentran tres mujeres con medida cautelar de detención provisional.
