El Ministerio de Ambiente, junto a técnicos y especialistas, elabora un informe relacionado con el estado actual de tierras secas y degradadas en el país.
Karima Lince, directora nacional de Seguridad Hídrica y punto focal de Panamá ante la Convención de Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación, subrayó que se ha realizado una serie de talleres con expertos, para levantar la información sobre el estado actual del tierras.
En palabras de Lince, el objetivo es presentar un informe más actualizado el próximo 28 de febrero.
De momento, Panamá cuenta con el Atlas de las Tierras Secas y Degradadas publicado en el año 2009, el cual certifica que las tierras en esa condición ocupan un 27% del territorio nacional.
En ese contexto, se destacan cuatro áreas críticas sujetas a procesos de sequías y degradación de suelos: la zona de Cerro Punta en la provincia de Chiriquí, la Comarca Ngäbe Buglé, el Arco Seco, entre Herrera y Los Santos, y la sabana central de Veraguas.
“Es de mucha importancia hacer su reporte nacional actualizado para demostrar que hemos realizado acciones y actividades que se enfocan en mitigar y revertir la degradación de la tierra”, puntualizó Lince.
Realidad actual
A pesar de los intentos por reforestar algunas zonas del país durante los últimos años, áreas como Cerro Punta siguen reportando dicha degradación debido al crecimiento de la frontera agrícola y desarrollo desordenado.
Específicamente, en Cerro Punta se perdieron 40 hectáreas de bosques entre 2012 y 2019. Incluso, dichas hectáreas formaban parte del Parque Internacional La Amistad.
Augusto Jiménez, expresidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas, reconoce que es necesario una mejor planificación y ordenamiento de la actividad agropecuaria en este distrito.
Por su parte, ambientalistas como Isaías Ramos, biólogo del Centro de Incidencia Ambiental, plantean que la sequía y degradación del suelo trae como consecuencia pérdida de especies animales y vegetales, suelos fértiles productivos y de ecosistemas. También provoca inseguridad alimentaria y aumenta los riesgos de desastres.
