Desde este 19 de enero, el distrito de San Miguelito entra en una nueva etapa marcada por la incertidumbre. Un día después de que venciera oficialmente el contrato de concesión para la recolección de desechos sólidos, firmado hace 25 años con la empresa Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud), el panorama que queda al descubierto es el de un servicio cuestionado, múltiples alertas sanitarias documentadas en informes oficiales y una población que, durante años, ha convivido con la acumulación de basura, malos olores y riesgos para la salud.
El contrato, suscrito el 18 de enero de 2001, otorgó a Revisalud la responsabilidad de recolectar, tratar y disponer los desechos sólidos en uno de los distritos más poblados del país. Su vencimiento no llega acompañado de un balance positivo, sino respaldado por informes técnicos emitidos entre 2023 y 2024 por el Ministerio de Salud (Minsa) y el Municipio de San Miguelito, que documentan incumplimientos contractuales, sanciones sanitarias y una cobertura de recolección que no alcanza ni el 60%.
Para miles de residentes de San Miguelito, el problema de la basura no es nuevo. En calles, veredas, quebradas y áreas cercanas a escuelas y comercios, la acumulación de desechos se ha convertido en una escena cotidiana. Bolsas rotas, vertederos improvisados y lixiviados corriendo por las cunetas han sido parte del paisaje urbano, especialmente en las zonas más vulnerables.
Esta realidad fue descrita en el Informe Complementario No. 041601/SA/DSP/RSSM/017, fechado el 2 de mayo de 2023 y elaborado por la Sección de Salud Ambiental de la Dirección Regional de Salud de San Miguelito. El documento alertó sobre la existencia de vertederos a cielo abierto, descargas de lixiviados sobre líneas de agua potable, cunetas y accesos a planteles escolares y comercios, así como la proliferación de ratas, moscas, cucarachas y gusanos, vectores que representan un riesgo directo para la salud pública.
Los informes sanitarios advierten que estas condiciones afectan de manera particular a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, al tiempo que deterioran el entorno urbano y la calidad de vida de comunidades enteras.
Pese a las deficiencias documentadas, la empresa recibió millones de dólares en concepto de tasa de aseo. De acuerdo con registros oficiales, entre agosto de 2023 y septiembre de 2024, Revisalud cobró alrededor de 6.5 millones de dólares, sin contar subsidios adicionales otorgados por el Municipio de San Miguelito ni fondos provenientes de los ministerios de Salud y Educación.
Según el expediente administrativo, estos pagos han sido cuestionados debido a que no todos fueron formalizados mediante adendas contractuales refrendadas por la Contraloría General de la República, tal como exige la cláusula 17 del contrato original y la Ley Orgánica de la Contraloría. Esta situación ha generado interrogantes sobre el manejo de fondos públicos y el nivel de control ejercido durante distintas administraciones municipales.
Los señalamientos contra la empresa no se limitan al estado visible de las calles. Los informes oficiales detallan que Revisalud incumplió obligaciones contractuales esenciales, entre ellas la recolección adecuada de residuos hospitalarios y escolares, así como la prestación del servicio en zonas de difícil acceso y áreas de extrema pobreza, labores que ya estaban contempladas en el contrato original de 2001.
A esto se suma una deuda cercana a los 3 millones de dólares con el Municipio de San Miguelito, correspondiente al pago mensual mínimo de 12 mil 500 dólares, según certificaciones de la Dirección de Auditoría Interna Municipal. También se documenta el incumplimiento de pagos a las juntas comunales y la falta de inscripción de la flota vehicular en el municipio, lo que genera incertidumbre sobre el traspaso de bienes al finalizar la concesión.
Sanciones y alerta sanitaria
Durante 2023, la empresa fue sancionada en al menos dos ocasiones por la Dirección Regional de Salud de San Miguelito, mediante las Resoluciones No. 035 del 13 de junio de 2023 y No. 050 del 25 de julio de 2023, con multas de 5 mil dólares cada una, debido a deficiencias sanitarias que afectaban tanto a la comunidad como a los trabajadores del servicio.
La situación alcanzó su punto más crítico en enero de 2024, cuando el Minsa declaró alerta sanitaria en el distrito de San Miguelito, mediante la Resolución No. 003 del 25 de enero de 2024, ante la acumulación de desechos sólidos. La resolución advirtió que, de no adoptarse medidas correctivas, el Estado aplicaría controles sanitarios para proteger la salud de la población, conforme al Código Sanitario.
Ese mismo mes, el Informe Técnico de Oficio No. 01-2024, elaborado por la Sección de Saneamiento Ambiental de la Región de Salud de San Miguelito, recomendó rescindir de manera definitiva el contrato, al concluir que los incumplimientos atentaban contra la salud pública y el ambiente. El documento señaló que siete de los nueve corregimientos del distrito presentaban una acumulación grave de basura, afectando comercios, escuelas y avenidas de alto tránsito.
Además, entre el 5 y el 17 de julio de 2024, una supervisión técnica sanitaria de la Alcaldía de San Miguelito reveló que la empresa solo cumplía con el 55.67% de la recolección programada, según su propio plan operativo.
El informe concluyó que las rutas y los horarios no se cumplían, que existía un alto volumen de denuncias ciudadanas y que la empresa no entregó información clave, como el tonelaje recolectado y el inventario detallado de la flota por rutas, lo que dificultó una supervisión efectiva y transparente del servicio.
¿Y ahora qué?
Con el contrato ya vencido, San Miguelito enfrenta una decisión crucial. La forma en que las autoridades municipales y nacionales manejen esta transición será determinante para recuperar la confianza de la población y garantizar un servicio esencial para la salud y la dignidad de los residentes.
Más allá de la empresa que asuma la recolección de basura en adelante, el caso deja una lección clara: la falta de fiscalización oportuna y de decisiones firmes termina trasladando el costo a la ciudadanía, que es quien convive a diario con la basura, los malos olores y los riesgos sanitarios.
El fin del contrato de Revisalud no es solo el cierre de un ciclo administrativo de 25 años. Es también una oportunidad para replantear cómo se gestionan los servicios públicos, cómo se protege la salud de la población y cómo se exige rendición de cuentas cuando se trata de recursos que pertenecen a todos.
No obstante, el Consejo de Gabinete autorizó a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) a asumir temporalmente la recolección de basura en el distrito de San Miguelito, ante el colapso del servicio y el riesgo que esto representa para la salud pública.
La decisión se adoptó tras constatar que la suspensión de la recolección de residuos estaba generando una acumulación peligrosa de desechos, afectando a más de 200 mil habitantes del distrito. Según el administrador de la AAUD, Ovil Moreno, las acciones ejecutadas hasta el momento han sido de carácter provisional y no garantizan una solución sostenible, especialmente ante la falta de contratos refrendados con las empresas que debían iniciar operaciones a partir del 19 de enero.
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, indicó que el Gobierno Nacional activó una respuesta de emergencia, destinando cerca de 700 mil dólares para atender la situación, con el objetivo de prevenir brotes de enfermedades y una posible crisis sanitaria.
Boyd Galindo explicó que, al vencerse el contrato de la empresa anteriormente responsable del servicio, no existe una estructura operativa capaz de continuar con la recolección de manera inmediata, razón por la cual se facultó a la AAUD para asumir el control del servicio durante los próximos meses, mientras se avanza en un proceso de licitación pública.
El fin del contrato de Revisalud abre una etapa decisiva para San Miguelito. Más allá del cambio en la recolección de basura, lo que está en juego es la capacidad del Estado para garantizar un servicio básico, proteger la salud pública y responder a una población que por años ha vivido entre desechos, riesgos sanitarios y promesas incumplidas.
