En Panamá, cada día al menos 21 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años enfrentan un embarazo, según cifras de control prenatal del Ministerio de Salud (Minsa). Detrás de ese promedio diario hay historias que se repiten con alarmante regularidad y que reflejan la magnitud de un problema persistente de salud pública, cuyas consecuencias trascienden lo sanitario y se extienden al ámbito educativo, social y económico del país.
Las cifras oficiales muestran que el embarazo adolescente continúa siendo una realidad estructural. Entre 2021 y 2024, Panamá registró 27,953 embarazos en este grupo etario, con un promedio anual que oscila entre 6 mil y 7 mil casos. Estos números confirman que, pese a los esfuerzos institucionales y a una reducción progresiva en comparación con años anteriores, el fenómeno sigue afectando a miles de menores y evidencia fallas en los sistemas de prevención y atención integral.
Solo en 2024, el número de adolescentes en control prenatal ascendió a 5,133. No obstante, el informe estadístico del Minsa no incluye los datos correspondientes a la comarca Ngäbe Buglé, lo que sugiere que la magnitud real del problema podría ser aún mayor. Esta ausencia de información limita la capacidad de dimensionar con precisión el impacto del embarazo adolescente en una de las regiones históricamente más vulnerables del país.
Las estadísticas disponibles indican que las regiones de salud con mayor incidencia de embarazos en niñas y adolescentes son la provincia de Panamá y la comarca Ngäbe Buglé. En 2023, por ejemplo, se reportaron 2,263 casos en la provincia de Panamá y 1,844 en la comarca. Un año antes, en 2022, la situación fue especialmente crítica en Ngäbe Buglé, que superó a la provincia de Panamá con 2,019 embarazos, frente a 1,545 registrados en la capital y sus alrededores.
La tendencia no es nueva. En 2021, ambas regiones mostraron cifras muy similares: 1,677 embarazos en la comarca Ngäbe Buglé y 1,663 en la provincia de Panamá. Estos datos revelan brechas territoriales persistentes, donde convergen desigualdades sociales, limitaciones en el acceso a servicios de salud y profundas carencias educativas que siguen marcando el futuro de miles de niñas y adolescentes.
Aunque las estadísticas reflejan una disminución sostenida en el número total de embarazos adolescentes —al pasar de 10,735 casos en 2014 a 5,133 en 2024—, el fenómeno continúa siendo una realidad cotidiana.
La reducción numérica, advierten especialistas, no borra las historias ni el impacto que un embarazo temprano sigue teniendo en la vida de las menores, especialmente en contextos de pobreza y exclusión.
Lea también: Embarazos en adolescentes: una encrucijada de años sin solución
Un fenómeno marcado por múltiples factores
Para Natasha Dormoi, coordinadora de Aids Healthcare Foundation (AHF Panamá), el embarazo adolescente en el país debe analizarse desde un enfoque multifactorial. “No es un problema aislado ni exclusivamente individual. La pobreza multidimensional, la baja escolaridad y la deserción escolar, las inequidades territoriales y de acceso a servicios y métodos anticonceptivos, la violencia sexual y la falta de educación sexual integral, oportuna y de calidad son determinantes claros”, explicó.
Dormoi subrayó que, en un país como Panamá, el embarazo en adolescentes es un reflejo de la persistente reproducción de desigualdades sociales, agravadas por normas culturales profundamente arraigadas. A ello se suma —dijo— una influencia religiosa y moralista que dificulta el abordaje del problema desde una perspectiva de salud pública y limita la implementación de políticas preventivas efectivas.
“La falta de información y educación sexual genera barreras que afectan tanto a la región más desarrollada del país como a la más pobre”, señaló. Esta carencia —añadió— restringe la capacidad de niñas, adolescentes y jóvenes para ejercer plenamente sus derechos sexuales y reproductivos, tomar decisiones informadas sobre su cuerpo y acceder a métodos anticonceptivos seguros.
Dormoi insistió en que la educación sexual integral es una herramienta clave no solo para prevenir embarazos no intencionados, sino también para reducir infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. “Mientras sigamos hablando de sexualidad con miedo, tapujos y moralismo, poco o nada haremos para revertir las tasas actuales”, advirtió. A su juicio, una adolescente educada integralmente está mejor preparada para prevenir el abuso, la coerción sexual y tomar decisiones que impacten positivamente su proyecto de vida.
Brechas territoriales y alerta institucional
La prevención del embarazo adolescente sigue siendo un desafío pendiente para las autoridades de salud. El informe Panamá, Cuéntame, de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap), revela que la tasa de fecundidad en menores de 10 a 19 años aumentó un 15 % en los últimos cinco años, situando al país por encima de los promedios regional y mundial.
El incremento se concentra principalmente en Darién, Bocas del Toro y las comarcas Guna Yala, Emberá-Wounaan y Ngäbe Buglé, territorios donde la cobertura del sistema de salud pública es limitada y el acceso a servicios especializados resulta más complejo. Estas condiciones elevan los riesgos asociados al embarazo adolescente, tanto para la salud de la madre como del recién nacido.
Renán Arjona, coordinador del informe Panamá, Cuéntame de la Cciap, advirtió que a partir de los 15 años los embarazos muestran un repunte significativo. “Esto demanda una atención inmediata y diferenciada para proteger la infancia de las menores y evitar que el embarazo temprano siga truncando oportunidades educativas y de desarrollo”, señaló.
Desde el Ejecutivo, el viceministro de Salud, Manuel Zambrano, afirmó que desde julio de 2025 se han reforzado las medidas orientadas a garantizar una mejor calidad de vida y atención médica, como parte de un abordaje integral de problemas históricos de salud pública. No obstante, especialistas coinciden en que estos esfuerzos deben ir acompañados de políticas sostenidas de prevención y educación.
Un costo social que trasciende generaciones
El impacto del embarazo adolescente va más allá de las cifras sanitarias. De acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, este fenómeno representa un costo de oportunidades de aproximadamente $1,500 millones, al estar estrechamente vinculado con el abandono escolar, la reducción de oportunidades laborales y la limitación del desarrollo personal y económico de las jóvenes.
El organismo advierte que los embarazos tempranos amplían las brechas de desigualdad educativa y económica entre hombres y mujeres, perpetuando ciclos de pobreza que se reproducen de generación en generación. En ese contexto, la educación sexual integral y el acceso efectivo a servicios de salud reproductiva se convierten en herramientas esenciales para romper ese círculo.
Ante este panorama, autoridades, especialistas y organizaciones de la sociedad civil coinciden en la urgencia de superar los tabúes en torno a la educación sexual y promover un cambio cultural que empodere a las adolescentes, les permita tomar decisiones acordes con su edad y fortalezca sus proyectos de vida, con beneficios tanto individuales como colectivos para el país.
