El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Decreto Ejecutivo No. 27 del 26 de noviembre de 2025, publicado en la Gaceta Oficial, oficializó la designación de los miembros del Consejo Técnico de Cannabis Medicinal, el órgano encargado de supervisar, coordinar y garantizar el acceso seguro a las terapias alternativas en el país.
Con este decreto, Panamá avanza en un proceso regulatorio que llevaba años estancado y que había generado incertidumbre entre pacientes, médicos y actores de la industria interesados en participar en un mercado emergente y altamente controlado.
Panamá fue el primer país de Centroamérica en aprobar el uso médico del cannabis mediante la Ley 242 de 2021, pero la implementación de la normativa quedó rezagada debido a la falta de reglamentación operativa, recursos y la ausencia de un marco institucional robusto para administrar el sistema.
La creación de este Consejo Técnico representa, según el Minsa, un paso importante para activar finalmente el programa y garantizar que los productos disponibles cumplan con los estándares científicos establecidos por la ley.
El Minsa destacó que este consejo es la pieza clave para desarrollar el Programa Nacional de Cannabis Medicinal, ordenar el mercado local y asegurar que los productos cumplan estrictos estándares de calidad, trazabilidad y seguridad.
Aunque no se dispone del listado de los nombres de los designados, la composición del Consejo, a nivel institucional, incluye al ministro de Salud —quien presidirá la instancia o designará a su representante—, delegados de tres ministerios adicionales (entre ellos el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario), la Autoridad Nacional de Aduanas, la Caja de Seguro Social (CSS), la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt) y organizaciones de pacientes con enfermedades crónicas.
Según la norma, el Consejo Técnico de Cannabis Medicinal también estará integrado por especialistas en salud pública, farmacia, derecho y representantes de los pacientes.
Entre sus funciones principales están emitir lineamientos técnicos para la expedición de licencias de fabricación, importación y comercialización; definir los requisitos del Programa Nacional de Acceso; y vigilar estrictamente el cumplimiento de la ley, incluyendo la prohibición de venta a menores y la limitación de la publicidad únicamente a fines científicos o técnicos.
Para el Minsa, la existencia de este organismo permitirá garantizar la integridad del proceso, la seguridad de los usuarios y un control efectivo contra desvíos hacia usos no autorizados.
Durante 2025, el Minsa emitió diversas resoluciones para fortalecer la regulación y preparar el terreno para la operación del sistema. Estas incluyen los requisitos para obtener registro sanitario de productos con tetrahidrocannabinol (THC) o cannabidiol (CBD), la definición de los parámetros de control de calidad y la aclaración de que ningún derivado del cannabis podrá comercializarse sin registro, salvo aquellos autorizados para fines de investigación.
A ello se suma la decisión de habilitar a cualquier médico idóneo del país para prescribir cannabis medicinal, una medida que elimina restricciones previas que limitaban el acceso terapéutico y que había sido solicitada insistentemente por asociaciones de pacientes.
Con la designación formal de la Comisión Técnica, el sistema regulado entra en su fase operativa, lo que implica que los actores del mercado —farmacéuticas, distribuidores y médicos— podrán avanzar con los trámites pendientes.
El punto crítico
No obstante, uno de los puntos críticos aún sin resolver es la habilitación del registro de pacientes, un requisito indispensable para la prescripción y la dispensación legal del producto.
Los pacientes esperan que el proceso burocrático avance con mayor rapidez y que los medicamentos derivados del cannabis medicinal estén disponibles en farmacias bajo controles estrictos y supervisión sanitaria.
Enma Pinzón, presidenta de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermedades Crónicas, Críticas y Degenerativas, afirmó que todavía faltan elementos esenciales para que el registro de pacientes sea implementado. “Sin registro no hay acceso real, aunque los productos lleguen al país”, advirtió.
El registro de pacientes es un componente central de todo el sistema, pues permitirá identificar a los usuarios, dar seguimiento terapéutico, prevenir interacciones adversas, documentar resultados y evitar cualquier desvío del producto hacia usos no regulados. Su ausencia deja a los pacientes en un limbo regulatorio: sin este mecanismo, las farmacias están impedidas de despachar y los médicos no pueden formalizar las prescripciones dentro del marco legal.
La responsabilidad de habilitar este registro recae en la Dirección General de Salud del Minsa.
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Pinzón, quien padece enfermedades reumáticas y músculo esqueléticas, recalca que el cannabis medicinal no es una tendencia, sino una herramienta terapéutica respaldada por evidencia científica. En su caso, afirma haber encontrado alivio significativo sin los efectos adversos de medicamentos tradicionales como los antiinflamatorios no esteroideos (AINE). “Para pacientes como yo, el cannabis medicinal ofrece control del dolor crónico sin el daño renal que pueden causar los AINE”, señala.
A pesar de los avances normativos, los usuarios insisten en que el país necesita un programa plenamente operativo que garantice acceso seguro, supervisado y disponible en farmacias.
El reto inmediato para el Minsa será acelerar la habilitación del registro de pacientes y asegurar que toda la cadena regulatoria —desde la importación hasta la dispensación— funcione sin vacíos.
Mientras tanto, organizaciones de pacientes recalcan que el acceso no puede seguir postergándose: para muchos, el cannabis medicinal no es solo una alternativa, sino una necesidad urgente que podría mejorar de manera significativa su calidad de vida.
