La Ley No. 242, que regula el uso médico y terapéutico del cannabis y sus derivados en Panamá, cumplió ayer, 13 de octubre, cuatro años de haber sido sancionada por el expresidente Laurentino Cortizo. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido, la implementación de la ley sigue estancada, y los pacientes continúan sin acceso real a los medicamentos.
Carlos Ossa, paciente de esclerosis y defensor del cannabis medicinal, expresa su frustración al respecto “la ley es clara en cuanto a que los pacientes deben ingresar al registro único para acceder a los medicamentos. Pero ese registro no existe, y eso ha sido una barrera enorme para quienes necesitamos estos tratamientos. Cuatro años después, seguimos esperando que se cumpla lo prometido”.
Además, la Ley 242 autoriza únicamente a siete empresas para encargarse de la importación, cultivo, producción y comercialización de productos derivados del cannabis. No obstante, estas empresas aún no están operando, lo que agrava aún más la situación de los pacientes que dependen de estos productos para su bienestar, señaló Ossa.
Debido a la falta de acceso a productos regulados, los pacientes se ven forzados a recurrir al mercado negro. Esta situación no solo pone en riesgo su salud, sino que también los expone a estafas y fraudes.
“Cada vez vemos más personas y negocios aprovechándose de la vulnerabilidad y el dolor de los pacientes, ofreciéndoles medicamentos no regulados que, muchas veces, no contienen los compuestos necesarios para tratar nuestras enfermedades”, aseguró Ossa.
El problema no se limita a la falta de acceso, sino que también pone en peligro la seguridad de los pacientes. En muchos casos, los productos que se venden en el mercado negro no están garantizados, ni en cuanto a su calidad ni a su contenido, lo que aumenta el riesgo de que los pacientes reciban tratamientos ineficaces o incluso peligrosos.
A lo largo de estos cuatro años, las entidades encargadas de la implementación de la ley —como el Ministerio de Salud (Minsa) y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)— han afirmado estar trabajando en el tema. Sin embargo, la realidad es que no se han visto avances significativos. Para muchos pacientes, la ley parece más una promesa incumplida que una solución real a sus problemas de salud.
Ossa subrayó que la falta de acción efectiva deja a los pacientes atrapados en un limbo, donde no pueden acceder a un medicamento que podría mejorar su calidad de vida y aliviar sus dolencias.
Lea aquí la Ley 462:
La paradoja
Un punto que ha generado controversia en el debate sobre la implementación de la Ley 242 es la declaración pública del presidente de la República, quien, en su discurso del 20 de marzo de 2023, mencionó que usa una pomada de cannabis proveniente de Colombia para aliviar los dolores de espalda.
“Es fabulosa. Te la pones y ¡tac! Puedes correr un maratón”, expresó el mandatario, aludiendo a los beneficios del cannabis.
Para Ossa, estas declaraciones evidencian una paradoja en la implementación de la ley: mientras que los altos funcionarios del gobierno tienen acceso a tratamientos basados en cannabis, los pacientes panameños siguen esperando poder acceder a un medicamento regulado, seguro y accesible.
“Si la ley permite que el presidente utilice una pomada de cannabis, ¿por qué no se garantiza que todos los panameños, especialmente los que más lo necesitan, tengan acceso a estos tratamientos?”, cuestionó Ossa.
El desarrollo de esta industria representa no solo un avance en materia de salud pública, sino también una oportunidad económica estratégica para Panamá. Se espera que la regulación del cannabis medicinal impulse la atracción de inversiones, fomente la creación de empleos calificados y posicione al país como un referente regional en esta área emergente.
