La Cámara Panameña de la Construcción (Capac) ha expresado cinco puntos que sustentan su desacuerdo con respecto a la Ley 433, sancionada el 3 de mayo de 2024, que establece como medida de responsabilidad social empresarial que las promotoras urbanísticas construyan aulas escolares.
Antes de la sanción de la ley por parte del presidente de la República, Laurentino Cortizo, la Capac envió el 18 de octubre de 2023 una carta al mandatario expresando su inconformidad, donde se señala que el tema fue abordado de manera inconsulta y sin la participación adecuada del Ministerio de Educación (Meduca), organismo responsable de la planificación y programación de la infraestructura educativa.
La misiva, firmada en ese momento por el presidente de la Capac, Carlos Allen, solicitó a Cortizó que devolviera el proyecto de ley sin su aprobación.
Los cinco puntos de discrepancia son:
El Artículo 91 de la Constitución Nacional establece que el Estado es responsable de organizar y dirigir el servicio público de educación. Sin embargo, el sector empresarial contribuye significativamente a través de la construcción y operación de centros educativos en todos los niveles.
El proyecto de ley no parece estar alineado con los planes de desarrollo del Meduca, según lo indicado en su exposición de motivos y texto normativo.
No se aborda cómo se abastecerán las nuevas instalaciones con personal docente, administrativo, mobiliario y otros recursos necesarios.
No se consideran los niveles educativos requeridos por la población estudiantil en las áreas donde se construirán las nuevas infraestructuras, según lo establecido en el proyecto de ley.
Se señala que el costo de los programas de vivienda se ha visto afectado por el aumento en el costo de los bienes e insumos, así como por el incremento en las tasas y contribuciones aplicables a esta actividad.
De acuerdo con la nueva legislación, cada promotor de desarrollo urbanístico debe incluir en su plan de desarrollo, en colaboración con el Meduca, los recursos necesarios para la construcción de aulas escolares.
Esto se basa en el impacto previsto en la capacidad de atención estudiantil en los centros escolares existentes o por construir en el área de desarrollo, con una relación de una aula escolar por cada doscientas viviendas nuevas.
El proyecto de ley, de seis artículos, llegó a la Asamblea Nacional el 26 de julio de 2023, de manos de la diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Cenobia Vargas. En agosto recibió aprobación en primer debate.
