Panamá atraviesa un momento de tensión social marcado por la desconfianza institucional, la preocupación por la corrupción y un creciente compromiso ciudadano con la protección ambiental. Así lo revela la IV Encuesta de Ciudadanía y Derechos 2025, realizada por el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS), un estudio que no solo mide percepciones políticas, sino que dibuja un panorama complejo de la sociedad panameña.
El estudio, aplicado entre mayo y junio de 2025 a 1,410 personas en todo el país, incluyó entrevistas en la provincia de Darién y en comarcas indígenas, con un margen de error del 2.8 % para la muestra nacional.
Los resultados evidencian un país dividido: los panameños valoran la democracia, pero también muestran una apertura preocupante al autoritarismo, mientras priorizan la protección ambiental y mantienen firme su compromiso con la soberanía del Canal de Panamá.
Democracia y autoritarismo
Aunque el respaldo a la democracia ha crecido, con un 48.9% de los ciudadanos prefiriendo este sistema frente al 37% registrado en 2023, la encuesta revela un dato inquietante: la tolerancia al autoritarismo también se duplicó, alcanzando el 26.5% frente al 10.4% anterior.
Este fenómeno, según expertos, sugiere que el aprecio por la democracia no siempre se traduce en confianza en las instituciones ni en satisfacción con los resultados de las políticas públicas, y podría reflejar la percepción ciudadana frente al estilo de liderazgo del presidente José Raúl Mulino.
En este contexto, la soberanía nacional se mantiene como un valor irrenunciable para los panameños. Un contundente 83.4% considera que el Canal de Panamá debe permanecer bajo control del país, frente a un 14.2% que opinó que debería volver a manos de Estados Unidos. Respecto a la posibilidad de que Washington intentara ejercer presión real, un 41% la considera poco probable, mientras que un 28.5% cree que sí podría suceder.
La corrupción y otros problemas
El panorama de preocupaciones ciudadanas refleja la fragilidad de la confianza en el Estado. La corrupción encabeza la lista, mencionada por el 37% de los encuestados como el problema más importante del país. Le siguen el desempleo y las condiciones laborales (23.8%) y el costo de la vida e inflación (8.1%).
Otros temas relevantes, aunque con menor impacto en la percepción pública, incluyen la pobreza (7.6%), desigualdad económica (7.4%), inseguridad (5%) y educación (4.5%). Salud y vivienda alcanzan 2.9% cada una, mientras que violencia de género, desigualdad de género y medio ambiente se ubican en los últimos lugares.
No obstante, cuando se plantea el dilema entre crecimiento económico y protección ambiental, el panorama cambia: el 61.7% prioriza la conservación del medio ambiente, frente al 31.2% que opta por el desarrollo económico incluso a costa de impactos ecológicos.
Aquí la encuesta completa:
Adjuntos
DOC-20260120-WA0017..pdfMedios de comunicación: consumo alto, confianza baja
Los hábitos informativos de los panameños han cambiado radicalmente. Según la encuesta, WhatsApp se ha convertido en la principal fuente de noticias para la población, seguido de la televisión convencional e Instagram. Sin embargo, a pesar de este alto consumo, la confianza en los medios sigue siendo limitada. La radio convencional lidera apenas con 34%, seguida de “X” con 33.6% y WhatsApp con 32.9%.
Las principales razones de desconfianza incluyen la percepción de que los medios “no dicen la verdad” (4%) o que “siempre hablan los mismos” (31.1%). Este fenómeno —consumo masivo de información con baja confianza— crea un terreno fértil para la desinformación y la polarización, debilitando la calidad del debate público.
Economía, resiliencia familiar y desigualdad
El estudio también pone de relieve la dificultad de los hogares para enfrentar problemas financieros. El 73. % ha tenido que recurrir a sus ahorros, el 68.8% ha buscado trabajos adicionales y un 63.2% depende del apoyo familiar. En contraste, la ayuda estatal y los préstamos formales aparecen como soluciones secundarias, lo que evidencia la limitada confianza en la capacidad del Estado para ofrecer redes efectivas de protección social.
La desigualdad territorial es otra preocupación: en zonas rurales y comarcales, el acceso a servicios básicos sigue siendo irregular, afectando el ejercicio pleno de derechos. En Darién y comarcas, la pobreza estructural, los conflictos ambientales y la migración irregular refuerzan la percepción de abandono estatal y generan mayor vulnerabilidad social.
La ciudadanía también se muestra consciente de la necesidad de modelos de desarrollo sostenible. Sectores como turismo (22.3%) y agricultura (19.1%) son priorizados, mientras que la minería recibe apenas un 2% de respaldo. En Darién y comarcas, los proyectos extractivos se perciben como amenazas directas al sustento y la seguridad alimentaria, consolidando la demanda de políticas ambientales inclusivas y respetuosas de los territorios indígenas.
La encuesta incorporó un enfoque de género, revelando diferencias en percepciones y riesgos. Las mujeres utilizan con mayor frecuencia los servicios públicos de salud y expresan más preocupación por fenómenos emergentes, como la inteligencia artificial (48.1% frente al 39.9% de los hombres), la violencia de género y el embarazo adolescente. Estos datos evidencian cargas desiguales de cuidado y mayor vulnerabilidad social femenina.
Un espejo incómodo de la sociedad
La IV Encuesta de Ciudadanía y Derechos 2025 revela un panorama complejo y lleno de contradicciones en Panamá. Por un lado, la democracia sigue siendo valorada por los ciudadanos, aunque se percibe herida; por otro, el crecimiento económico no ha sido suficiente para cerrar las brechas sociales existentes.
La ciudadanía muestra además una creciente conciencia sobre la importancia del medio ambiente y la sostenibilidad, mientras que la desconfianza en las instituciones permanece profunda, acompañada del temor a posibles represalias al denunciar casos de corrupción.
Frente a este escenario, los expertos coinciden en que el gran desafío es traducir estos datos en políticas públicas coherentes, reconstruir la confianza institucional y avanzar hacia un desarrollo inclusivo y sostenible que proteja los derechos, los territorios y el medio ambiente. Ignorar la voz de la población, alertan, podría ser el mayor riesgo para el futuro del país.
