Ciencia en Panamá aboga para que las decisiones en política pública sean tomadas con evidencia

Ciencia en Panamá aboga para que las decisiones en política pública sean tomadas con evidencia
La Corte Suprema de Justicia declaró hoy martes 28 de noviembre como inconstitucional la Ley 406, que aprobó el contrato minero. Elysée Fernández

Tras las acciones legales generadas por abogados de la sociedad civil y que, según los tiempos judiciales y en cumplimiento del derecho, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la Ley 406 del 20 de octubre de 2023, por unanimidad, Ciencia en Panamá, como fundación conformada por científicos y científicas de todas las áreas, aboga para que las decisiones en política pública sean tomadas con evidencia.

La Fundación Ciencia en Panamá compartió cinco sugerencias para tener en cuenta ante el actual escenario:

1- Respetar y vigilar el cumplimiento del máximo organismo de justicia con todas las acciones y en los tiempos procesales que permitan la ejecución efectiva del fallo.

2- Apoyar desde las ciencias el llamado que la nación haga cuando se necesite de todas las personas expertas en diferentes áreas que tendrán que acompañar el cierre gradual y seguro de la actividad minera en este proyecto de Donoso y en todos los que cubre la ley de moratoria minera.

3- Concientizar sobre la recuperación de nuestra educación pública fuertemente impactada desde la pandemia, ya que en 35 días de cierres y huelgas se ha incrementado la brecha en educación, restándole competencias y herramientas a nuestra niñez y juventud.

4- Colaborar en lo posible con la recuperación de los sectores agrícolas productivos de nuestro país, principalmente nuestros conciudadanos de Chiriquí y Bocas del Toro.

5- Generar el debate para la construcción de herramientas como la ciencia ciudadana ante la vigilancia, toma de decisiones, seguimiento y desarrollo de cualquier inicativa que comprometa la nación.

Además, la organización informó que desde hace meses ha seguido los debates en torno al contrato Ley 406, ya que antes habían comunicado sus consideraciones sobre la minería metálica a cielo abierto en nuestro país y, en particular, a lo relativo a la negociación de un contrato entre el Estado y una corporación minera transnacional que legitimaría y contribuiría a expandir una explotación minera de ese tipo en la periferia inmediata del Corredor Biológico Mesoamericano del Atlántico.


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