En distintos puntos de Panamá, una escena se repite con creciente frecuencia: caminos que por años conectaron comunidades con playas, ríos, fincas o espacios naturales hoy aparecen bloqueados con cercas, portones o restricciones de acceso. En algunos casos, incluso con cobros informales. Lo que antes era tránsito libre, hoy se ha convertido en motivo de queja, tensión vecinal y debate sobre el uso de bienes públicos.
Esa realidad fue el eje de una decisión legislativa que ya dio un paso clave. La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto de ley 392, en su último día de sesiones, una iniciativa que ahora queda en manos del Órgano Ejecutivo para su sanción o veto.
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Adjuntos
7971.pdfEl proyecto introduce cambios al Código Penal mediante la creación de los artículos 229-A y 229-B, con los que se busca sancionar la obstrucción, cierre o restricción de caminos de uso público, así como el acceso a espacios naturales considerados de interés colectivo, entre ellos playas, ríos, lagunas, parques nacionales y áreas protegidas.
El diputado panameñista Edwin Vergara, del circuito 13-3 (Chame y San Carlos), proponente de la iniciativa, sostiene que el problema no es aislado ni reciente. En su circuito, afirma, en un radio cercano a tres kilómetros se han identificado al menos nueve caminos que antes eran de libre tránsito y que hoy permanecen cerrados, afectando el paso hacia potreros, fincas y zonas de recreación utilizadas por residentes.
Vergara advierte que esta situación se repite en otras provincias, donde comunidades denuncian el cierre progresivo de servidumbres históricas e incluso el cobro por acceder a lugares que tradicionalmente han sido de uso común. Un fenómeno que, según plantea, ha ido escalando sin una respuesta legal suficiente.
La iniciativa establece penas de tres a siete años de prisión para quienes, sin justificación, obstruyan o restrinjan caminos o accesos públicos mediante cercas, portones, zanjas u otros mecanismos físicos.
También incorpora agravantes cuando, mediante engaño o falsedad, se logre la adjudicación de terrenos del Estado —incluyendo parques nacionales, zonas arqueológicas, monumentos naturales o áreas protegidas—, con sanciones que pueden ir de cinco a diez años de prisión.
Con la aprobación en tercer debate, el proyecto pasa ahora al despacho del presidente de la República, José Raúl Mulino, quien tendrá la última palabra sobre su sanción.
Mientras tanto, el debate queda abierto: entre el derecho a la propiedad, el ordenamiento territorial y el acceso a espacios que por años han sido parte del uso cotidiano de muchas comunidades en el país.
