El Colegio Médico de Panamá y la Asociación Médica Nacional solicitaron a la Procuraduría de la Administración evaluar las fiscalizaciones que realiza la Contraloría General de la República en instalaciones hospitalarias, al considerar que algunas de estas actuaciones podrían afectar la atención de los pacientes, la privacidad en los centros de salud y el ejercicio profesional del personal médico.
La petición fue presentada mediante una carta enviada el pasado 11 de junio a la procuradora de la Administración, Gretel Villalaz de Allen, en la que ambos gremios expresan su preocupación por la forma en que se han desarrollado recientes inspecciones encabezadas por el contralor general de la República, Anel Flores, en distintas dependencias de la Caja de Seguro Social (CSS).
En la misiva, firmada por la presidenta del Colegio Médico de Panamá, Raquel Gutiérrez de Mock, y la presidenta de la Asociación Médica Nacional, María Helena Arango, ambas organizaciones reconocen que la Contraloría tiene la responsabilidad constitucional de fiscalizar el uso adecuado de los recursos públicos y promover la transparencia en las instituciones del Estado.
Sin embargo, advirtieron que estas acciones deben realizarse sin interferir con el desarrollo del acto médico ni con la prestación de los servicios de salud.
“Respaldamos plenamente los principios de transparencia y rendición de cuentas en la administración pública; no obstante, estimamos necesario que estos procesos se desarrollen con estricto apego al debido proceso, al respeto de las competencias institucionales y a las condiciones que permitan garantizar una atención médica adecuada”, señalaron.
Los gremios indicaron, además, que la CSS cuenta con mecanismos administrativos y disciplinarios para supervisar el cumplimiento de las funciones de sus colaboradores e investigar posibles irregularidades, por lo que consideran importante que las actuaciones de fiscalización respeten dichos procedimientos.
Preocupación por la privacidad y el acto médico
Entre las principales preocupaciones expresadas en la carta figuran las intervenciones realizadas directamente en áreas asistenciales y el uso de cámaras y otros medios de registro audiovisual dentro de espacios destinados a la atención médica. A juicio de ambas organizaciones, estas prácticas podrían comprometer principios fundamentales como la privacidad, la confidencialidad y la intimidad que caracterizan la relación entre médicos y pacientes.
Asimismo, advirtieron que las fiscalizaciones ampliamente difundidas podrían afectar la confianza de la población en los servicios de salud y generar un ambiente de tensión entre el personal sanitario.
Inspecciones de la Contraloría
La solicitud de los gremios médicos se produce en medio de una serie de inspecciones impulsadas por el contralor general de la República, Anel Flores, en diversas instalaciones de la CSS, con el propósito de verificar el funcionamiento de los servicios de salud, el abastecimiento de medicamentos y el cumplimiento de las jornadas laborales por parte del personal sanitario.
Una de estas visitas se realizó en la Policlínica José Joaquín Vallarino, en el corregimiento de Juan Díaz, donde Flores recorrió las instalaciones y conversó con usuarios sobre la atención recibida. Algunos asegurados señalaron que la entrega de medicamentos ha mejorado en comparación con años anteriores, cuando debían esperar largas horas para recibir sus tratamientos, aunque también manifestaron inquietudes relacionadas con otros servicios que ofrece el centro médico.
Durante el recorrido, el contralor enfatizó que médicos y demás profesionales de la salud deben cumplir estrictamente con su jornada laboral de ocho horas para garantizar una atención oportuna y eficiente a la gran cantidad de pacientes que acuden diariamente a las instalaciones de la CSS. Según indicó, este compromiso debe mantenerse en todos los centros de atención médica de la institución.
Como parte de estas acciones de fiscalización, Flores también visitó el Centro de Distribución de Medicamentos de la CSS y se reunió con auditores de la Contraloría General que participan en el inventario físico de medicamentos e insumos médicos que se desarrolla a nivel nacional.
De acuerdo con el contralor, estas verificaciones se realizan de manera simultánea en distintos puntos del país con el objetivo de corroborar inventarios, evaluar los flujos de abastecimiento e identificar oportunidades de mejora en la gestión y distribución de medicamentos.
Añadió que la información recopilada permitirá fortalecer los controles y contribuir a que los medicamentos lleguen de forma eficiente y oportuna a la población.
Flores reiteró que estas inspecciones forman parte de las atribuciones que la ley confiere a la Contraloría para velar por el uso adecuado de los recursos públicos y promover una gestión transparente.
Frente a este escenario, los gremios médicos insistieron en que respaldan la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública. No obstante, subrayaron que las labores de fiscalización deben desarrollarse sin comprometer la atención de los pacientes ni las condiciones necesarias para el ejercicio profesional del personal sanitario.
En ese sentido, solicitaron a la Procuraduría de la Administración analizar los hechos expuestos y emitir las consideraciones que estime pertinentes para garantizar que los procesos de control respeten tanto los derechos de los pacientes como los principios que rigen la práctica médica.
