Cada mes, millones de mujeres y niñas enfrentan un gasto que pocas veces entra en el debate público, pese a tratarse de una necesidad básica. Toallas sanitarias, tampones, protectores diarios, copas menstruales y otros productos de gestión menstrual forman parte de la cotidianidad de más de la mitad de la población, pero continúan gravados con el impuesto de transferencia de bienes muebles y servicios (Itbms), conocido como ‘impuesto rosa’, en Panamá.
El tema vuelve a cobrar fuerza este 28 de mayo, Día Internacional de la Salud Menstrual, mientras en la Asamblea Nacional avanza el proyecto de ley 505, que propone eliminar el impuesto a los productos de gestión menstrual y que ya fue aprobado en primer debate en la Comisión de Economía y Finanzas en abril pasado.
La iniciativa ha abierto una discusión más amplia sobre pobreza menstrual, salud pública, equidad y justicia tributaria en el país.
El proyecto, impulsado por el diputado independiente Augusto Palacios, busca exonerar del Itbms a productos como toallas sanitarias, tampones y copas menstruales, utilizados mensualmente por alrededor de 1.2 millones de mujeres en edad menstruante en Panamá.
Según las cifras expuestas durante el debate legislativo, las mujeres en Panamá destinan cerca de $101 millones anuales a la compra de estos productos. De ese monto, aproximadamente $7.1 millones corresponden a ingresos que recibe el Estado a través del Itbms.
Más allá del impacto económico, la discusión ha puesto sobre la mesa una realidad que especialistas y organizaciones sociales vienen señalando desde hace años: la menstruación continúa siendo tratada como un asunto privado y no como un tema vinculado a la salud pública, la permanencia escolar, la igualdad y los derechos.
Hoy, miembros de la organización AIDS Healthcare Foundation (AHF-Panamá), la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa), la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá y Aids for Aids, entre otras organizaciones, participaron en actividades por el Día Internacional de la Salud Menstrual.
La jornada incluyó la colocación simbólica de 480 pantis en la plaza 5 de Mayo, como parte de la campaña “El ciclo es natural, el impuesto no”, en respaldo a la eliminación del ITBMS a los productos de gestión menstrual.
Pobreza menstrual y desigualdad
La llamada pobreza menstrual describe las dificultades económicas y sociales que enfrentan muchas personas para acceder a productos de higiene menstrual, agua potable, baños seguros y condiciones adecuadas para gestionar su periodo de manera digna.
Aunque el concepto ha ganado mayor visibilidad en los últimos años, organizaciones vinculadas a la salud sexual y los derechos humanos sostienen que sigue siendo un problema poco dimensionado en Panamá.
En el país, más de 917 mil personas viven en condiciones de pobreza o pobreza extrema, según cifras citadas durante la discusión legislativa. Para miles de hogares, la compra recurrente de productos menstruales representa un gasto adicional que compite con necesidades básicas como alimentación, transporte y medicamentos.
Marces Contreras, presidenta de la Fundación Sí Educación Sexual y Derechos Humanos, advirtió, en una carta enviada al presidente de la Comisión de Economía y Finanzas, Eduardo Gaitán, que las mujeres han asumido históricamente una carga económica permanente relacionada con la menstruación.
Según datos expuestos por la organización, una mujer puede utilizar alrededor de 11 mil toallas sanitarias a lo largo de su vida, lo que representa un gasto estimado de entre 2 mil y 4 mil dólares, dependiendo del tipo de producto utilizado.
“El acceso a productos de gestión menstrual no puede seguir viéndose como un lujo”, planteó la fundación en el documento remitido a la Asamblea Nacional.
Debate fiscal y experiencias internacionales
El proyecto también ha generado debate sobre cómo compensar los ingresos fiscales que dejaría de percibir el Estado en caso de aprobarse la exoneración.
Palacios explicó que la propuesta contempla un mecanismo de renta sustitutiva que permitiría reemplazar el impacto económico mediante ajustes en otros tributos.
Entre las alternativas planteadas está aumentar la carga impositiva a productos de tabaco y nicotina, incluidos cigarrillos tradicionales y electrónicos.
El argumento, según lo discutido en la Asamblea, es doble: reducir el consumo de productos considerados nocivos para la salud y utilizar esos recursos para financiar una medida enfocada en la equidad y la salud pública.
La discusión en Panamá ocurre en momentos en que varios países de América Latina y otras regiones han eliminado o reducido impuestos a productos menstruales.
Colombia eliminó el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a estos productos en 2018, luego de un fallo de su Corte Constitucional que consideró que gravar artículos esenciales para la menstruación podía profundizar las desigualdades de género.
México, por su parte, implementó desde 2022 una tasa cero de IVA para distintos productos de gestión menstrual y actualmente mantiene discusiones para ampliar el alcance de la medida.
En Reino Unido y Australia también se han eliminado impuestos similares en los últimos años como parte de políticas vinculadas con la equidad y la salud femenina.
Sin embargo, la mayoría de los países de América Latina todavía mantiene cargas tributarias sobre estos productos. En algunos casos, los impuestos superan el 15% y llegan hasta 18%, especialmente en países del Caribe.
Especialistas consultados en distintos estudios regionales coinciden en que eliminar impuestos representa apenas una parte de la solución y advierten que la pobreza menstrual también está asociada con la falta de acceso a agua potable, infraestructura sanitaria, educación menstrual y espacios seguros.
Datos de la Segunda Encuesta Nacional de Gestión Menstrual en México muestran que, tras la eliminación del IVA, disminuyó el porcentaje de personas que reportaban dificultades económicas para adquirir productos menstruales, al pasar de 30% a 21%.
No obstante, organizaciones sociales sostienen que todavía persisten barreras importantes relacionadas con el acceso, el estigma y la desinformación.
Natasha Dormoi, coordinadora de AHF Panamá, señaló que la discusión no debe limitarse únicamente al componente tributario.
“La pobreza menstrual no solo implica no poder comprar productos. También incluye no tener acceso a agua potable, baños seguros, información adecuada y condiciones dignas para gestionar la menstruación sin discriminación ni vergüenza”, afirmó.
Dormoi agregó que la salud menstrual continúa rodeada de tabúes y silencios que dificultan la creación de políticas públicas más integrales.
“El silencio, el estigma y los impuestos perpetúan la desigualdad. La salud menstrual debe ser parte de las políticas públicas de salud, educación y justicia social”, sostuvo.
El avance del proyecto de ley 505 coincide con una creciente discusión internacional sobre el impacto económico que representa la menstruación para millones de mujeres y niñas, especialmente en contextos de pobreza.
En Panamá, el debate legislativo vuelve a poner sobre la mesa una pregunta que durante años permaneció fuera de la conversación pública: si los productos de gestión menstrual son una necesidad básica, ¿deben seguir siendo tratados como bienes gravados?
De aprobarse la iniciativa, Panamá se sumaría a la lista de países que han comenzado a revisar sus políticas fiscales sobre salud menstrual y pobreza menstrual, en un contexto en el que organizaciones sociales insisten en que el acceso digno a estos productos no debería depender de la capacidad económica de las personas.
