Durante los últimos 25 años, entre 55 y 70 personas, en su mayoría niños, han perdido la vida ahogadas al intentar cruzar los peligrosos ríos de la comarca Ngäbe Buglé para asistir a la escuela. Esta cifra conmovedora es solo un reflejo de la crisis sistemática que enfrenta la región, documentada por la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fudespa) y Jóvenes Unidos por la Educación (JUxlaE).
En su informe titulado “Educación Mortal: Crisis Sistemática: De Ahogamientos Infantiles en la comarca Ngäbe Buglé”, se denuncia cómo el derecho a la educación se ha convertido en un riesgo mortal debido al abandono estatal, la marginación étnica y la falta de infraestructura básica.
El informe califica esta situación como una crisis humanitaria prolongada y una grave violación de los derechos humanos. La tragedia no es un accidente inevitable, sino el resultado de un sistema que no ha cumplido con sus responsabilidades, poniendo en peligro la vida de los menores a cambio de su educación.
El río Cricamola y otras tragedias olvidadas
El epicentro de estas tragedias es el río Cricamola, ubicado en el distrito de Kankintú, donde en los últimos años, nueve niños han sido arrastrados por sus aguas al intentar cruzarlo. Este peligro no se limita a un solo río, ya que otras comunidades como Mayo, Nutiví, Trinchera y Piedra Roja sufren una situación similar. Sin puentes, los estudiantes deben usar frágiles estructuras de bambú o poleas improvisadas para cruzar ríos caudalosos, exponiéndose a ahogamientos mortales.
En junio de 2024, la tragedia alcanzó su punto máximo con la muerte de cuatro menores en solo un mes: Arnol Villagra (12 años), Deivis Contreras (10), Davis Contreras (13) y Jorge Palacios (17). Es probable que el número real de víctimas sea superior al documentado, especialmente en aquellos casos donde no hubo cobertura mediática o donde las zonas afectadas eran inaccesibles. Esta omisión de datos oficiales subraya aún más la magnitud de la tragedia
Este hecho, aunque ampliamente cubierto por los medios nacionales, solo reflejó una pequeña parte de un problema mucho mayor, conocido por las comunidades pero ignorado por las autoridades, indica que informe presentado hoy 22 de octubre por Fudespa y JUxlaE en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional.
Una crisis que refleja la omisión del Estado
El informe denuncia que la omisión del estado panameño no solo ha dejado desprotegidos a los niños, sino que también constituye una violación estructural de los derechos humanos, especialmente del derecho a la vida y el derecho a la educación.
La comarca Ngäbe Buglé, con una tasa de pobreza multidimensional que alcanza el 93.8%, es una de las zonas más marginadas de Panamá. La topografía montañosa y la falta de infraestructuras adecuadas obligan a los niños a enfrentar condiciones extremas de aislamiento y pobreza para acceder a su derecho a la educación.
El Estado, que no ha ratificado el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas, sigue siendo indiferente ante las necesidades básicas de la población indígena, lo que agrava aún más la tragedia.
A pesar de los compromisos públicos de varios gobiernos, la situación continúa sin cambios sustanciales. El Ministerio de Obras Públicas (MOP) prometió en 2024 construir ocho puentes peatonales, pero a finales de 2025 ninguno ha sido completado. Las promesas sin cumplir son una constante en la región, mientras los niños siguen cruzando ríos con la esperanza de llegar a la escuela, plantea el informe.
El costo de la inacción
El informe de Fudespa y JUxlaE advierte que, si no se actúa de inmediato, en los próximos cinco años podrían morir entre 15 y 25 personas más, la mayoría de ellos niños.
La falta de puentes seguros, sistemas de alerta temprana y la ausencia de infraestructura educativa segura continúan siendo factores de riesgo letales para la población estudiantil.
El costo de no actuar podría superar los 4 millones de dólares en pérdidas humanas y sociales, sin contar el valor incalculable de las vidas que se perderían. Un plan de intervención integral costaría entre 42 y 63 millones de dólares, e incluiría la construcción de 12 puentes permanentes, un sistema de alertas de crecidas y programas de capacitación comunitaria. Sin embargo, la omisión de estos pasos sigue siendo una realidad.
El informe no solo presenta un diagnóstico, sino que también ofrece recomendaciones claras para abordar la crisis. Se propone declarar la comarca Ngäbe Buglé en emergencia territorial, suspender las clases durante la temporada lluviosa en las zonas de mayor riesgo, y construir puentes colgantes peatonales que garanticen la seguridad de los estudiantes.
A largo plazo, se recomienda un plan de desarrollo territorial que respete los derechos humanos de las comunidades indígenas y asegure el acceso a la educación, la salud y la movilidad sin poner en riesgo la vida de los niños.
Esta situación es un recordatorio doloroso de la deuda histórica que Panamá tiene con sus pueblos indígenas. Como denuncia el informe, “en Panamá, hay niños que arriesgan su vida todos los días por algo que debería ser un derecho, no una sentencia”. La acción del Estado y de la comunidad internacional es urgente, porque ya no se trata de una tragedia inevitable, sino de una omisión histórica que ha condenado a generaciones de niños a elegir entre estudiar o sobrevivir.
Datos del informe
Limitaciones
En primer lugar, existe un subregistro persistente, lo que sugiere que el número real de víctimas podría ser mayor al documentado, especialmente en casos donde no hubo cobertura mediática.
Además, algunos incidentes carecen de información precisa sobre la edad de las víctimas, las circunstancias exactas de los accidentes y los resultados de las búsquedas de rescate, lo que limita la claridad de los registros oficiales.
La remota ubicación de las comunidades y la falta de infraestructura adecuada dificultan la verificación in situ de todos los casos. Además, durante la temporada de lluvias, muchas áreas quedan incomunicadas, lo que impide registrar todos los incidentes.
