El Comité Interreligioso de Panamá se sumó este viernes 27 de octubre a las múltiples voces que piden un pronto pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la demanda de inconstitucionalidad de la Ley 406 que establece el contrato entre Minera Panamá y el Estado.
A través de un comunicado, el comité también señaló que ve con “urgencia obligatoria” el establecimiento de una ley de moratoria minera que congele las 15 concesiones y 104 solicitudes de minería a cielo abierto en el territorio nacional.
También considera importante rescatar el compromiso de los acuerdos del Pacto del Bicentenario, la existencia jurídica de las Mesas del Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, el acuerdo de Escazú y otros instrumentos internacionales donde participan todos los actores sociales del país.
Igualmente, solicitó al gobierno salvaguardar la protesta cívica como modo de permitir la libertad de la expresión popular, “exhortando a las fuerzas de seguridad nacional a identificar y neutralizar a los que cometen vandalismo”.
Igualmente hizo un llamado a los grupos organizados, ambientalistas, profesionales, grupos barriales, sindicatos y gremios en general a custodiar la participación de sus asociados, “identificando y contrarrestando los agentes desestabilizadores (infiltrados) en las manifestaciones”.
