La Contraloría General de la República informó este viernes 16 de enero que no refrendó los contratos relacionados con el servicio de recolección de residuos sólidos en el distrito de San Miguelito, presentados por el municipio, tras determinar —luego de un análisis integral de carácter técnico y jurídico— múltiples inconsistencias que impiden su viabilidad legal y administrativa.
Según la entidad fiscalizadora, uno de los principales hallazgos se sustenta en la Resolución No. 01-2026, del 13 de enero de 2026, mediante la cual la Junta Directiva Extraordinaria de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), por instrucciones del Ejecutivo, autorizó a la propia entidad a asumir la competencia operativa, administrativa y técnica del servicio de recolección, transporte y disposición final de residuos sólidos en San Miguelito, a partir del 19 de enero de 2026, conforme a lo establecido en la Ley 51 de 2010 y la Ley 276 de 2021.
En este contexto, la Contraloría concluyó que la celebración de nuevos contratos resultaba jurídicamente inviable, ya que generaría una dualidad en la prestación del servicio, considerando que la AAUD había intervenido desde el 1 de enero de 2026 en los nueve corregimientos del distrito por razones de orden sanitario.
Los contratos de las tres empresas seleccionadas por el Municipio de San Miguelito, mediante un proceso excepcional de cotización en línea, corresponden a Roca Atlántica, S.A.; Eco-Septic Panamá, Corp.; y Volquetes y Transporte Corro-Voltranc, por un monto total de 3.8 millones de dólares.
El pasado 14 de enero el contralor, Anel Flores señaló que los tres contratos ingresaron a Contraloría la noche del martes 13 de enero, por lo que resultaba imposible revisarlos y avalarlos de manera inmediata.
“No puedo firmar algo que no ha llegado. Ayer (13 de enero), cuando inició el Consejo de Gabinete, no había entrado ningún contrato. Pretender que yo firme en los últimos días es llevar esto a una crisis para presionar al contralor, y eso no va a suceder”, advirtió.
El contralor reiteró que, debido al momento en que fueron recibidos los documentos, no es viable que los contratos sean refrendados antes del 18 de enero, fecha en la que vence la concesión de Revisalud.
Las declaraciones se dieron luego que la alcaldesa Irma Hernández, rechazara la intervención de la AAUD en el distrito y señalara que la Contraloría no había querido refrendar a pesar que pasaron el aval y aprobación del Consejo Económico Nacional (CENA) el pasado 23 de diciembre de 2025.
Contraloría detalla incumplimientos en contratos
No obstante, ahora mediante comunicado detalla que los contratos presentados por la alcaldía de San Miguelito registran una serie de incumplimientos técnicos y administrativos detectados durante la revisión.
Entre ellos la falta de permisos y autorizaciones obligatorias emitidas por la AAUD para la prestación del servicio, así como la ausencia del Permiso Sanitario de Operación vigente, expedido por la Dirección General de Salud Pública, requisito indispensable para actividades que impactan directamente la salud pública, conforme al numeral 2 del artículo 8 del Decreto Ejecutivo No. 176, del 27 de mayo de 2019.
Asimismo, se identificaron inconsistencias contractuales relacionadas con la falta de claridad en aspectos fundamentales, como la cantidad de toneladas a recolectar, el monto mensual a pagar y los plazos reales de pago, los cuales debían ajustarse a los términos de referencia. A esto se suma la inclusión de pagos por excedentes de toneladas no autorizados, sin sustento legal ni presupuestario.
En materia de fiscalización financiera, la Contraloría verificó que no existe una partida presupuestaria debidamente identificada en el Presupuesto Municipal de San Miguelito para la vigencia fiscal 2026 que respalde los contratos. Además, no se presentó un estudio de mercado ni un análisis de precios que justificara el precio de referencia del servicio, ni un desglose técnico del costo por tonelada, debidamente firmado y sellado por el profesional idóneo correspondiente.
Finalmente, la Contraloría General de la República reiteró que su actuación responde exclusivamente a la defensa del interés público, al uso responsable de los recursos del Estado y al cumplimiento estricto de la ley, subrayando que ningún contrato será refrendado si no cumple con los requisitos legales, técnicos y presupuestarios exigidos.
