La Ley No. 202 de 8 de marzo de 2021 fue sancionada por el presidente Laurentino Cortizo con el objetivo de tipificar la violencia política contra las mujeres como discriminación en el acceso a oportunidades para ocupar cargos o puestos públicos.
Esa norma modifica la Ley No. 82 de 2013, sobre violencia contra la mujer y la Ley No. 7 de 2018, referente a la prevención de actos discriminatorios.
Esta ley fue sancionada y publicada en la Gaceta Oficias de este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Además señala como violencia política las limitaciones a recurso y el acceso a puestos de elección popular o posiciones relevantes en los partidos políticos.
La Ley No. 202 establece que “la violencia puede tener lugar en la esfera política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier relación internacional, en la comunidad, en un partido o institución política”.
“Es decir, incluye el ámbito público y privado”, destacó Cortizo.
Según la nueva normativa, la violencia política puede ser perpetrada por cualquier persona o grupo de persona, incluyendo agentes del Estado, colegas de trabajo, como superiores jerárquicos y subordinados, partidos políticos o sus representantes, medios de comunicación y en general cualquier persona o grupo de persona.
